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17 julio 2012 2 17 /07 /julio /2012 00:29

La doctora Yvelisse  Prats Ramírez de Pérez,  Secretaria Nacional de Educación y Doctrina del Partido Revolucionario Dominicano  considera preocupante   que la  actual  señora Ministra de Educación, licenciada Josefina Pimentel, desconozca las facultades y obligaciones que le otorgan las leyes 66-97 y 86-00 a su dependencia a través del Consejo Nacional  de Educación que ella preside, para regular la educación nacional en su conjunto, tanto el sector público como el privado. No existen dos sistemas educativos, si no uno y compete al Ministerio de Educación gestionarlo.
16 de julio de 2012. Santo Domingo

La ex  Secretaria de Educación  dijo que, Sí se podía y se debía regular  la duración de los textos y  también se puede y se debe supervisar sus contenidos vigilar,  su precio, aun dentro del sistema de mercado, que  sea asequible a los estudiantes y a sus familias, para cumplir con el artículo 63 de la Constitución de la República, que compromete al Estado a garantizar:  “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de las aptitudes, vocaciones y aspiraciones”.
Además expresó  que  sus   preocupaciones   que se importen butacas del extranjero, sean del país que sean, afirmando que esa acción es dañina  contra el desarrollo nacional, puesto que lesiona directamente a los productores y disminuye las oportunidades de utilización de mano de obra criolla, en una actitud típicamente neoliberal.
Hablando en rueda de prensa, celebrada este lunes en el Instituto doctor José Francisco  Peña Gómez,  la doctora Ivelisse  Prats Ramírez de Pérez, dijo que la Secretaria Nacional de Educación y Doctrina del Partido Revolucionario Dominicano, en cumplimiento de la función que le asigna el artículo 64, literal E del estatuto de nuestro partido, fija su posición de preocupación, alerta y advertencia ante recientes hechos acontecidos en el sector  educativo dominicano.
Dijo asumir una vez  lo expresado por  el doctor  José Francisco Peña  de que “Más que las riquezas naturales, la educación es la causa primera del progreso de los pueblos”  y  que  “la Moralidad es la justa aplicación de la ley”
Estuvo acompañado de la licenciada  Farides Raful,  Max  Montilla,  Eugenio Tavera,  Juan Ramón Santana,  Juan Alberto Liranzo,  Danilo Camilo Polanco,  Janio Moquete  Méndez,  Juan Pastor Minaya,  Diomedes Aybar  Fabio Vásquez,  María Francisca  Caraballo,  Luisa Sánchez,   Migdalia Gómez, María Dalila Rincón, entre otros miembros de la secretaría Nacional de Educación  y doctrina del PRD.
“Alertamos a los industriales  dominicanos, y a todo el sector productivo del país, frente a esta masiva importación de muebles escolares que pueden y deben ser fabricados en República Dominicana, con excelente calidad y precio competitivo y denunciamos el hecho como lesivo la Estrategia Nacional de Desarrollo ya aprobada, cuyo a su cumplimiento compete a todos los estamentos del Estado”, señaló.
Cuestionó que  la ejecución presupuestaria en el Ministerio de Educación haya sido,  en el 1er. semestre de este año,  solo un 0,79% del monto asignado,  que es de un 2,56% del PIB para el año en curso, violatorio de por sí del  4% que establece la Ley 66-97, resaltando que este porcentaje constituye menos de la tercera parte de la suma que correspondería en estos seis primeros meses de ejecución del presupuesto
Alerta  a la comunidad educativa nacional sobre la posibilidad de que en los meses que faltan del año 2012 se continúe mermando la ejecución de lo presupuestado para el sector educativo, lo que tendrá  serias  repercusiones dañinas  a la maltrecha educación pública dominicana y considera que esto sería aún más grave, teniendo en cuenta que durante este segundo semestre, se da apertura a un nuevo año escolar, lo que implica mayor inversión en el sector.
También  expresa  su  preocupación  que en el período de transición, que regularmente se caracteriza por la prescindencia de los órganos del Estado de efectuar compras y/o contratar servicios que impliquen desembolsos elevados, se estén contratando obras de construcción de planteles escolares asignados en dudosos “concursos” que han sido objetados por varias de las empresas que licitaron, y que fueron descartados por motivos que no parecen claros.
“Alertamos a todos los munícipes, en especial a los padres y madres de familia para queden seguimiento a la supuesta o real construcción  de los centros escolares cuyo presupuesto inicial ha sido ya entregado por el Ministerio de Educación, para  denunciar  de inmediato cualquier irregularidad, retraso  o suspensión de los trabajos”.
También  externó  su preocupación ante aumentos de sueldos que se habrían producido en el Ministerio de Educación para funcionarios  y funcionarias de esa cartera sin que el mismo se haya hecho extensivo a los jubilados y pensionados de esa  cartera.
La ex secretaria de Educación expresó que la ley establece le Indexación de salarios para los servidores del Ministerio de Educación, tanto para los activos como para los pensionados, señalando  que tras muchos años de servicio en el sector educación le asiste el derecho  a recibir la indexación contemplado en le ley  y que por justicia debe ser aplicado.
Destacó que los niveles de salarios en el Ministerio de Educación no guardan congruencia  ni coherencia  por los bajos salarios que perciben los profesores y más bajos aún son los niveles de sueldos para los pensionados, al tiempo que denuncia  que a los pensionados del Ministerio de Educación no se le ha aplicado el  15 por ciento  de reajuste salarial otorgado a los profesores activos.
La SNED del PRD, advierte, por este medio, que junto a los sectores organizados de la comunidad educativa nacional, enfrentará con la poderosa fuerza de la razón y el amor por la educación y por nuestra gente, que nos legó José Francisco Peña Gómez, todo atentado que, como los hechos que se denuncian en este comunicado, conspiren contra el derecho humano  y ciudadano de la educación, y contra el ejercicio de la ética pública.
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