PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2012
	1. LINEAMIENTOS SOBRE LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

a) Diagnostico situacional.

El estado de la administración pública dominicana se encuentra muy atrasado con relación a la nueva Constitución, a la conciencia democrática de gran parte de la sociedad, y sobre todo, en comparación al grado de madurez democrática alcanzado por la ciudadanía.

El predominio de relaciones que fomentan el burocratismo, el derroche presupuestario y el débil compromiso con la institucionalidad pública, de la actual gestión del PLD, significa un gran retroceso y en cierta forma una pérdida irreparable que el nuevo gobierno tendrá que revertir hasta desmontar prácticas dañinas al desarrollo de la nación.

La administración pública dominicana adolece de un déficit de competencia a causa del manejo de la política nacional como asunto de grupos de poder y no como un servicio público noble para asegurar calidad de vida la ciudadanía.

La pérdida del sentido de propósito, lanza el aparato administrativo, tras la prebenda, la improvisación, la atomización, y ante todo, en manos de toda suerte de procedimientos corruptos para cobrar comisiones, peajes o soborno a cambio de los servicios oficiales dejando de lado la aplicación de los planes de desarrollo y el bienestar público.

Por más que prediquen los funcionarios corruptos actuales no tienen interés en el establecimiento de políticas públicas orientadas a organizar y racionalizar el aparato público, como tampoco les interesa respetar el principio de la continuidad del Estado, esta realidad, lleva a los centros de pensamiento independientes y responsables a considerar la presente administración como la más deficiente, costosa e inoperante de la región.

El escaso nivel profesional, provoca la inestabilidad laboral y el bajo nivel de compensación formal del funcionariado, esta situación le convierte en actor con poca o ninguna motivación, y al servicio público, en una opción laboral de tránsito.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene en su informe de base para apoyar el proceso de reforma del Estado, lo siguiente: “En el país, muchos intentos de reforma (arancelaria, impositiva, seguridad social, presupuestaria, servicio civil, organización administrativa, etc.) se han frustrado porque las mismas se han intentado realizar en un vacío institucional. Con bastante frecuencia se encuentran cuerpos legales que regulan determinadas materias (por ejemplo, servicio civil) con conceptos modernos y adecuados. Sin embargo, la debilidad del aparato administrativo para hacerlos efectivos los deja sin vigencia ni aplicabilidad.”

La corrupción en nuestro país lejos de perder terreno se ha fortalecido al pasar del puesto 47 en el 2004 al puesto 140 en el 2011, entre 142 países evaluados por el Foro Económico Mundial en desvío de fondos públicos.

Lo dicho lo confirma el propio Gobierno Dominicano en su propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo, al afirmar “Durante los últimos decenios, la República Dominicana ha desarrollado una agenda de reformas con miras a la modernización del Estado, acorde a los cambios democráticos de América Latina. En ese sentido, fueron formadas la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado (en la actualidad, Consejo Nacional de Reforma del Estado), el Comisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la Justicia, la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud y la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, entre otras entidades de similar naturaleza.

Asimismo, se inscribe en ese proceso la aprobación de un amplio conjunto de leyes, tales como la Ley de Planificación e Inversión Pública, Ley Orgánica de Presupuesto, Ley de Compras y Contrataciones, Ley de Libre Acceso a la Información Pública, Ley de Contabilidad Nacional, Ley de Contraloría, Ley de Tesorería Nacional y Ley de Crédito Público, entre otras. En adición, en materia de avances institucionales, se destacan la Ley de la Función Pública, que creó la Secretaría de Estado de la Administración Pública (hoy Ministerio de Administración Pública).

La burocracia pública alcanza actualmente unos 454,000 empleados, aproximadamente el 11% de la población económicamente activa, con una alta concentración en el Distrito Nacional, y, aunque no existan las estadísticas confiables, se evidencia una macrocefalia relevante, de ahí que la empleomanía dedicada a la provisión de servicios, versus la dedicada a tareas de soporte, no se corresponda con las mejores prácticas de los países de la región.

Como ilustración se presentan las principales causas del caos e ineficiencia de la función pública:

•El escaso nivel de desarrollo de los sectores productivos y de servicios les impide absorber la demanda de empleos que genera el país.

•La importancia del Estado como empleador individual, ha creado el caldo de cultivo para la tradicional práctica del clientelismo en la mayoría de los sectores estatales, principalmente en el gobierno central. Este fenómeno se ha visto incrementado en 300% en los últimos siete años.

•El actual gobierno que intenta aplicar la Ley de la Función Pública, en forma sesgada desconociendo los avances logrados por la administración anterior y, pretendiendo fijar una empleomanía en base a un proceso unilateral y politizado, colocando en una difícil posición al órgano responsable de administrar el sistema

del servicio civil y la carrera administrativa.

•La falta de organizaciones laborales de los servidores públicos, impidiéndose el ejercicio de un importante derecho consagrado en la Constitución de la República y en la propia Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa”.

El censo sobre la función pública, revela que el empleado público medio tiene una formación media por debajo del bachillerato, permaneciendo 14 años de su vida laboral como servidor público, lo que limita su capacidad transformadora, disponiendo actualmente de muy pocas opciones efectivas de superación técnica y laboral.

La movilidad anual del empleo asciende al 14% de la fuerza total contratada, lo que junto a la escasa formación disminuye su capacidad de satisfacer las expectativas ciudadanas. En resumen, los principales problemas vinculados al escaso desarrollo de la Administración Pública en la RD, son:

•La corrupción administrativa, que superpone los intereses particulares a los generales y transforma la finalidad del aparato público en un medio para el enriquecimiento, en lugar de ser un canal de servicio a la ciudadanía.

•La función pública es para el PLD un instrumentación político, esta concepción lleva a variar la finalidad primaria para derivarla en un sistema que solo se enfoca al contexto inmediato y al interés político partidario, abandonando su rol institucional y la necesaria continuidad a la que debe estar sometida.

•Los criterios anteriores limitan la construcción de una burocracia profesionalizada, estable, adecuadamente compensada y motivada, dentro de los valores de un servicio público de calidad y probidad.

•Los indignos ejemplos del Estado, y sobre todo, en los tres períodos de gobierno del PLD, han forjado una cultura ciudadana orientada a la relación primaria con el Estado, que estimula la corrupción mediante la búsqueda particular de beneficios y privilegios.

•Las principales normativas generales vigentes relativas a la organización y gestión de los organismos de la administración pública son:

•Constitución de la República, del año 2010;

•Ley Orgánica de Secretarías de Estado, Núm. 4378 del 13-02-1956;

•Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, Núm. 200-04;

•Ley que modifica la Ley Núm. 340-06 sobre Compra y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, Núm. 449-06;

•Ley de Tesorería Nacional, Núm. 567-05;

•Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, Núm. 423-06;

•Ley de Planificación e Inversión Pública, Núm. 498-06;

•Ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, Núm. 10-07;

•Ley que Crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado,

Núm. 05-07;

•Ley de Función Pública y que Crea la Secretaría de Estado de Administración Pública, Núm. 41-08.

Este cuerpo jurídico, si bien presenta un panorama distinto al que caracterizaba las últimas décadas del siglo pasado, solo será completado cuando sean aprobadas las siguientes leyes:

• la ley sobre la organización de las entidades que conforma la administración pública; 
• la ley que establezca el marco general para la provisión de servicios públicos; y finalmente,
• la ley sobre procedimiento administrativo que establezca la responsabilidad civil y penal del funcionario público.

El firme compromiso del gobierno de Hipólito Mejía elevará la función pública a niveles de probidad y competencia, iniciando por el maestro de escuela que será el principal funcionario público del país. A estos fines se establecerán los criterios siguientes:

a) Liderazgo.

El liderazgo de la administración pública se caracteriza por su déficit de formación gerencial, su incapacidad para movilizar sus recursos a favor de los objetivos institucionales y su escasa capacidad para comunicarse adecuadamente con la población meta de sus servicios.

Los niveles de autonomía son escasos y su ejercicio suele estar limitado a la satisfacción de instrucciones del Presidente de la República, y a mantener la tradición operativa de las instituciones.

b) Planeación.

La capacidad de pensamiento crítico y ordenado en la administración pública se ha reducido al mismo grado en que la carrera pública ha ido perdiendo atractivo para los grupos ocupacionales de mayor formación académica, la ausencia de carreras especiales que motiven a este segmento profesional a permanecer en la función pública es una barrera real para el avance de modelos administrativos más efectivos.

Si bien con la promulgación de la Ley de Planificación e Inversión Pública, se establece un marco moderno e integrado para el sistema de planificación, es poco lo que se ha avanzado en su aplicación, especialmente en lograr su adopción por parte de las sectoriales, muchas instituciones carecen de una función organizada y efectiva de planificación institucional y los ejercicios de planificación no están sistémicamente vinculados al ejercicio presupuestario.

c) Organización.

La Administración Pública central está conformada por la Presidencia de la República, los ministerios y sus dependencias. Esta estructura no ha sido el resultado de una planeación institucional, sino más bien heredada de la tradición y la inercia burocrática; con algunas excepciones, la estructura actual es la misma de 1960, esto también aplica para sus mandatos funcionales y programáticos. La RD requiere una reforma institucional que coloque su estructura organizacional a la altura de su sociedad.

Planes de desarrollo Vs asignación de recursos:

Cuando se analiza la relación entre objetivos de desarrollo, asignación presupuestaria y competencia institucional, se hace evidente que la RD presenta una gran discrepancia en sus afanes de desarrollo y la capacidad institucional para llevarlos a cabo.

Adicionalmente, cuando se analizan las estructuras orgánicas a partir de criterios como “racionalidad, coordinación y especialización”, se aprecia una dispersión organizacional.