El balance nacional del 2011
* Fallido el “Año de la Transparencia y la Institucionalidad”
* Frustración en la elección de las altas cortes
* RD se quemó en las principales evaluaciones internacionales
* Incremento del narcotráfico, la violencia y la inseguridad
* Prematura y costosa campaña electoral
* Estabilidad y crecimiento económico, pero los déficits y el
fuerte endeudamiento cuestionan la sostenibilidad
1.- En lo institucional
Resultó fallida la declaración del 2011 por decreto del Poder Ejecutivo como
“Año de la Transparencia y la Institucionalidad”, pues aunque se registraron algunos
avances como parte del Proyecto de Iniciativas Participativas Anticorrupción (IPAC), la
impunidad frente a las denuncias de corrupción y el continuo involucramiento del
personal de los organismos de seguridad en el incrementado narcotráfico y la
delincuencia elevaron la inseguridad y sembraron el desaliento en la sociedad.
La participación de importantes estamentos del Estado, junto con 14
organizaciones de la sociedad civil y una docena de organismos internacionales fue uno
de los hechos más positivos del año, con adelantos en algunas previsiones para reducir
la corrupción, incluyendo la elaboración de un proyecto de reforma a la Ley de Libre
Acceso a la Información que está en manos del Poder Ejecutivo.
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Pero fue resaltante que no se logró la participación de los órganos responsables
de las contrataciones de obras públicas y de grandes volúmenes de compras como la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y las secretarías de Obras
Públicas y Salud Pública. Quedó pendiente la implementación de grandes metas como
el establecimiento de una cuenta única de la tesorería nacional, aunque se inició su
diseño.
Las denuncias de corrupción fueron simplemente ignoradas por los órganos
encargados de investigarlas y buscar su sanción judicial. No hubo una sola iniciativa del
Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría
General de la República pese a que la presidenta de la Cámara de Cuentas declaró el 19
de diciembre que le había remitido 36 auditorías a diferentes entidades estatales con
graves irregularidades. En noviembre se dio a conocer la realizada a la gestión del
Instituto Agrario Dominicano en el 2008 que revela irregularidades por más de 700
millones de pesos.
La primera mitad del año registró una serie de acontecimientos que pusieron en
jaque la institucionalidad democrática, como el intento de imponer una repostulación
presidencial en contradicción con la Constitución de la República y la aprobación de
forma inconstitucional, sin dos terceras partes de los votos, de la Ley Orgánica del
Consejo Nacional de la Magistratura, e intento de hacer lo mismo con la del nuevo
Tribunal Constitucional, lo que posteriormente fue rectificado tras una intensa presión
de la opinión pública. También se violaron la Ley 176-07 sobre el DN y los Municipios,
y la Ley Orgánica de la Liga Municipal Dominicana y su reglamento, al elegir por un
solo año, en vez de cuatro, al secretario general de la Liga Municipal Dominicana, por
simple conveniencia partidista.
Tanto en el presupuesto del 2011, como en el del año próximo se persistió en
desconocer la Ley General de Educación y la Constitución misma al no destinarse el
mínimo del 4 por ciento del producto interno bruto para educación. También la ley
municipal que dispone para los ayuntamientos el 10 por ciento de los ingresos
nacionales, y otras que asignan partidas específicas al Poder Judicial y la Cámara de
Cuentas.
El Congreso Nacional fue un simple sello gomígrafo del Poder Ejecutivo para la
aprobación de préstamos por más de 97 mil millones de pesos, y sancionando
espectacularmente el presupuesto del 2012 con precipitación sin precedente para acallar
reclamos nacionales de que se cumplieran las leyes. Hubo varias violaciones a la Ley
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General de Presupuesto y se llegó a la segunda mitad de diciembre poniendo parches
legislativos sobre una pobre ejecución presupuestaria y para cubrir parte de un alto
déficit fiscal a pesar de que a mitad del año hubo una reforma tributaria.
2.- Frustración en la elección de las altas cortes
Desde mucho antes de iniciar el año 2011 se había identificado que no solo se
había detenido el proceso de reforma judicial iniciado en 1997 con la elección por
primera vez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por parte del Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM), sino que se había iniciado un claro proceso regresivo. Así fue
reconocido por el propio presidente de la SCJ, Dr. Jorge Subero Isa, al señalar la
necesidad de iniciar una segunda ola de reformas del sector.
Durante todo el año 2011 fue imposible darle ese nuevo impulso a la reforma
con un Poder Judicial que por tercer año consecutivo veía congelado su presupuesto,
pero además con la amenaza que representaba para los jueces supremos el proceso de
evaluación que debía emprender el CNM para decidir si permanecerían en sus
posiciones. Sus labores como tribunal constitucional sufrieron un reflujo por temor a
herir susceptibilidades de quienes controlan la mayoría del CNM. Este temor se
extendió a los tribunales inferiores, muchos de cuyos jueces aspiraban a ser elegidos
para las Altas Cortes. Fue notoria la sentencia del Tribunal Superior Administrativo en
contra del recurso elevado para que se respetara el 4% del PIB para la educación, que
fue recurrido ante la SCJ para ser engavetado.
Cuando el CNM se dispuso a elegir los cuarenta magistrados de las Altas Cortes
desde la sociedad civil se formó nuevamente la Coalición por una Justicia
Independiente, integrada principalmente por la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresario (ANJE), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la Cámara
Americana de Comercio (AMCHAM) y Participación Ciudadana, con la finalidad de
incidir en la definición de un proceso de selección transparente y participativo, con una
definición previa de los perfiles que debían reunir los aspirantes y los métodos de
evaluación. La Ley Orgánica del CNM obliga a una evaluación y el propio reglamento
aprobado por este organismo señala que los jueces deben ser elegidos a través de un
“concurso público de méritos”, lo que obliga al Consejo a escoger a los mejores, y por
lo tanto reducía su discrecionalidad.
Debido a la presión ejercida desde la Coalición, el CNM decidió celebrar las
entrevistas con los aspirantes a puertas abiertas y transmitirlas por televisión, pero el
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número de aspirantes que sobrepasaba los doscientos ochenta, obligó a celebrar 24
sesiones, que se extendían por varias horas, lo que hizo decaer la atención de la
ciudadanía en el proceso. El Consejo Nacional de la Empresa Privada solicitó que luego
de completadas las entrevistas, se hiciera una preselección, reduciendo los aspirantes a
tres por cada posición para poder profundizar las evaluaciones sobre cada uno,
publicando sus nombres y estimulando a la ciudadanía a participar con sus opiniones.
Esta petición, fue asumida por la Coalición por una Justicia Independiente, que además
solicitó que las sesiones de deliberación y votación se hicieran a puertas abiertas, pero
ninguna de estas solicitudes fue acogida.
Las últimas entrevistas realizadas por el CNM correspondieron a los presidentes
de las Salas de la SCJ, Rafael Luciano Pichardo, Juan Luperón Vásquez y Hugo
Álvarez Valencia, con la finalidad de que presentaran las evaluaciones que habían
realizado a los jueces que integraban estas salas, lo que serviría de insumo para las que
realizaría el Consejo. Esta sesión fue a puertas cerradas y sus resultados no fueron
divulgados. Igual ocurrió con las sesiones de deliberación y votación para escoger a los
miembros de las Altas Cortes, que se realizaron los días 20 y 21 de diciembre. Nada se
ha divulgado sobre quienes propusieron candidatos o de la forma en que votaron. Las
designaciones para el Tribunal Superior Electoral (TSE) obedecieron al inveterado
sistema de la repartición partidaria, pues dos de los miembros titulares pertenecían al
PLD y un tercero al PRD. Dos de los suplentes estaban relacionados con el Partido
Reformista Social Cristiano. Esta situación deja a los jueces electorales con un déficit de
credibilidad, sobre su imparcialidad e independencia.
En la última sesión del CNM, celebrada el 21 de diciembre, se escogieron a los
miembros del Tribunal Constitucional (TC) y de la SCJ. También en estos tribunales se
utilizó el criterio de la repartición, evidenciando la existencia de un pacto entre el
presidente del PLD y del CNM, Leonel Fernández, y el presidente del PRD, Miguel
Vargas Maldonado, quien de esa forma consiguió la elección de unos 5 vinculados. Esta
práctica vicia el proceso democrático, ya que se pacta en secreto y en forma poco
institucional, pues los órganos de ninguno de los dos partidos aprueban este tipo de
acuerdos que escogen jueces de lealtades individuales y que van a defender intereses
partidarios, generando posteriormente conflictos a lo interno del órgano.
En la designación de los miembros de los tres tribunales quedó evidenciado que
el CNM no utilizó como parámetro en todos los casos las hojas de vida y las entrevistas
realizadas. Por ejemplo, la hoja de vida y la entrevista del aspirante al TC Cristóbal
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Rodríguez superaron con creces las de varios de los designados. Lo mismo ocurrió en la
SCJ y el TSE. Otro ejemplo destacable lo constituyeron las hojas de vidas y las
entrevistas de los jueces de carrera Claudio Aníbal Medrano, Domingo Gil y Juan
Manuel Guerrero, que no fueron escogidos a pesar de que superaban ampliamente la de
varios de los escogidos. No cabe duda de que predominó la discrecionalidad, lo que
hace perder credibilidad a las evaluaciones.
En la SCJ fueron designados trece nuevos miembros, permaneciendo en la
posición sólo cuatro de los anteriores, lo que implicó la separación de la posición de
todos los demás, o por no superar las evaluaciones realizadas o por tener la edad de
retiro. De los cuatro que fueron mantenidos en sus posiciones, uno de ellos, Jorge
Subero Isa, renunció de inmediato por haber sido degradado de presidente a simple
miembro, luego de catorce años en la posición.
Serias dudas surgieron sobre la constitucionalidad de la separación del cargo de
varios de los jueces de la SCJ. El artículo 181 de la Constitución dispone que “en los
casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiere la pertinencia de separar
un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que
rige la materia.” El artículo 35 de la Ley Orgánica del CNM contiene criterios que
deben tomarse en cuenta en la evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema
Corte de Justicia. En consecuencia, si en el acta de la sesión del Consejo no se
encuentran los motivos que justifican la separación de acuerdo a los criterios
establecidos en la ley, la decisión sería inconstitucional. Las dudas surgen debido a
exclusión de jueces como Julio Aníbal Suárez, reconocido por su integridad,
independencia, capacidad y laboriosidad y la permanencia en la posición de jueces con
un desempeño deficiente como la magistrada Dulce Rodríguez de Goris.
También resulta preocupante que los tres jueces que sustentaron un voto
disidente en el famoso caso de la Sun Land, Julio Aníbal Suárez, Eglis Esmurdoc y Ana
Rosa Bergés, fueran separados de sus posiciones. Así mismo, de todos los integrantes
de la anterior Junta Central Electoral, la doctora Aura Celeste Fernández, precisamente
la más independiente y coherente, fue la única que no fue incluida en ninguna de las
cortes. Ello puede condicionar a los jueces a no tomar decisiones que afecten los
intereses de los que controlen en cualquier momento el CNM.
La nueva ola de reformas que necesita el poder judicial pudiera estar en peligro,
y corresponderá a los nuevos integrantes de la SCJ aportar los hechos que permitan
demostrar a la ciudadanía que las circunstancias alrededor de su elección no afectarán
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su independencia. El TC tiene el serio reto de no caer en los mismos vicios en que
incurrió la Suprema Corte de Justicia cuando ejercía la justicia constitucional. La mora
en el fallo de los casos y la falta de independencia cuando se trataba de casos que
afectaban al Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, hicieron perder legitimidad a la SCJ
y contribuyeron a desplazar sus funciones constitucionales a un nuevo órgano.
No podemos dejar de deplorar la sentencia de la SCJ que avaló la circular de la
JCE que niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento a ciudadanos de
ascendencia haitiana, la que consagra un sistema de exclusión de miles de personas y
expone al país a nuevos cuestionamientos internacionales y una posible condena de la
Corte Interamericana de Justicia.
3.- Conflicto en la JCE
Cuando todo parecía que respecto a lo electoral la atención tendría que centrarse
en los meses previos al día de las elecciones, período en que los partidos, pero sobre
todo el gobierno, tratan de condicionar la voluntad popular, la dimisión forzada del
Administrador General de Informática desencadena una crisis en esta área tan sensible
del proceso electoral que aún no se ha podido resolver.
Por razones hasta ahora desconocidas el presidente del la JCE desautoriza a la
autoridad máxima del área, otorgándole sus facultades a un subalterno, sobre quien los
partidos mayoritarios habían manifestado desconfianza, al punto de haber solicitado su
destitución. En vez de resolver la crisis sustituyendo al funcionario cuestionado o
poniéndole un superior que inspirara la confianza de los partidos, el presidente del
organismo insiste en una fórmula en la que el cuestionado permanece en el cargo.
Las negociaciones, a través de un mediador externo, aún no han podido resolver
el impasse, pese a que estamos a menos de cinco meses de las elecciones y que está
erosionando la credibilidad de la Junta cuando las encuestas más acreditadas dan ventaja
al candidato de la oposición.
Es resaltante que el 2011 concluye sin que el Congreso Nacional aprobara el
proyecto de Ley de Partidos sometido a su consideración a mediados del año por la
Junta Central Electoral. Tampoco se ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica del
Régimen Electoral, elaborado por una misión de la Organización de Estados
Americanos, aunque este último llegó al Congreso en diciembre. Pero es fundamental
para adecuar el régimen electoral al nuevo marco establecido por la Constitución de la
República lo que debió ocurrir a más tardar en enero pasado.
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4.- Reprobación en las evaluaciones
Fue relevante que a lo largo del año la República Dominicana resultó reprobada
en la generalidad de las evaluaciones internacionales, especialmente en las más
acreditadas como las del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial
(FEM), Transparencia Internacional, Amnistía Internacional, Programa de Promoción
de la Reforma Educativa para América Latina (PREAL) y Latinobarómetro. El país se
quemó especialmente en los servicios básicos de educación, salud, policiales, en
competitividad y en transparencia y corrupción.
En el índice de Competitividad Global la RD registró la peor caída de toda
América Latina, al retroceder nueve escalones en relación al año anterior y quince en
los dos últimos años. Pasó de la posición 101 a la 110 entre 142 países evaluados,
quedando campeón mundial en despilfarro en el gasto gubernamental y en falta de
confiabilidad en los servicios policiales, subcampeón en favoritismo de los funcionarios
gubernamentales, y en la posición 140 en calidad de la educación primaria y desvío de
fondos públicos. Como se puede apreciar la nación quedó en los tres últimos puestos en
los tres indicadores de corrupción.
Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción
degradó el país del puesto 101 al 129, entre 178 naciones evaluadas, para una
estrepitosa caída de 28 escalones de un año a otro. Con una puntuación de 2.6 sobre 10,
RD fue muy mal calificada, colocándose en el segmento de “percepción de una
corrupción rampante”.
Por su parte Amnistía Internacional presentó un libro documentando graves y
generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía, resaltando sus
niveles de corrupción. Basada en estadísticas de la Procuraduría General de la
República cuantifica en 2,138 los muertos a manos de la Policía Nacional en los últimos
seis años para un promedio anual de 395, más de uno por día. Ese promedio se repitió
este año según el informe emitido de manera conjunta por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos que los
cuantificó en 354 al comenzar diciembre, con una proyección de 384 al final del año.
5.- Crecimiento de la inseguridad
El narcotráfico, la delincuencia y el crimen en todas sus expresiones,
incluyendo el sicariato, amargaron la vida de los dominicanos y dominicanas a lo largo
del año. Las muertes violentas pasan de 2 mil 300, incluyendo al menos a 225 mujeres,
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más de un centenar en el propio ámbito familiar, configurando un desbordamiento de
los feminicidios, a pesar de un mayor esfuerzo del ministerio público y de la sociedad
en general por combatirlos.
El narcotráfico registró escándalos mayúsculos, incluyendo crímenes múltiples y
ejecuciones de la mayor crueldad. Su dimensión puede apreciarse por la incineración de
15 toneladas de drogas durante el año. El 22 de diciembre la Dirección de Control de
Drogas incineró 8.5 toneladas, 7.5 correspondientes sólo a cocaína, de las que casi la
cuarta parte fue incautada en el último mes. Las otras 6.5 toneladas habían sido
incineradas en junio. Ello implica una mayor efectividad en la persecución de ese
tráfico, pero también que el país ha sido un puente cada vez más propicio para el envío
de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Las propias autoridades han estimado que
sólo capturan la tercera o cuarta parte de las drogas que pasan por el territorio nacional.
Lo más preocupante fue que en casi todos los cargamentos incautados resultaron
implicados oficiales y clases de los diversos organismos de seguridad del Estado. Como
hecho positivo quedó la conclusión en condenas del proceso seguido a un grupo de
personas vinculadas al lavado de dinero proveniente de la red de narcotráfico que
encabezó el portorriqueño Figueroa Agosto.
La muerte de al menos 340 personas víctimas de la epidemia de cólera fue otra
expresión de la indefensión y vulnerabilidad de los segmentos más pobres de la
sociedad dominicana.
6.- Prematura campaña electoral
Bordeando dificultades que por momento amenazaron su integridad los partidos
mayoritarios lograron elegir sus candidatos presidenciales y de inmediato se embarcaron
en una prematura campaña electoral con un desbordamiento de gastos. Después de pasar
un período de turbulencias los peledeístas concluyen el año ratificando su unidad,
mientras los perredeístas aún arrastran resentimientos por el resultado de la elección
primaria.
El tercer partido del sistema prosiguió su tendencia a la dispersión, incapaz de
cumplir el mandato de un Congreso que planteó la elección de candidato para mediados
del año, mientras las encuestas lo degradan progresivamente. El paso del tiempo sólo le
va dejando la opción de ratificar la alianza que sostiene desde el 2010 con el partido de
gobierno.
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Al concluir el año parece haber fracasado, una vez más, el propósito de diversos
grupos emergentes por constituir una candidatura de amplio espectro que ofreciera una
opción alternativa a los insatisfechos con el sistema partidista dominante.
Una vez más la campaña electoral se basa en una saturante propaganda partidista
y aunque los candidatos han acudido a diversas instancias sociales para exponer
planteamientos, el año concluye sin que ninguno haya presentado un programa de
gobierno.
El anuncio del presidente Leonel Fernández de que dispondrá de 40 mil millones
de pesos para garantizar el triunfo de su partido, enciende de nuevo los temores de que
el abuso de los recursos del Estado empañe el proceso electoral democrático.
7.- Reactivación en la Sociedad Civil
En este año que finaliza varias iniciativas y acciones prolongadas de demandas
testimonian que la sociedad civil tuvo una fuerte incidencia en la vida nacional. No
siempre el éxito acompañó los esfuerzos realizados pero en el peor de los casos forzaron
a que se reorientaran propósitos originales. Puede apreciarse, además, que la sociedad
civil toma cada vez más conciencia de la necesidad de acompañar las demandas y
propuestas con acciones de incidencia política, de manera que puedan terminar en
decisiones de los actores políticos. Numerosas fueron las iniciativas que marcaron una
cierta reactivación de la sociedad civil.
Aunque el Presidente Fernández afirmó que declinaba a su derecho de buscar la
reelección presidencial, argumentando que la nueva constitución no se lo prohibía, la
realidad fue que un clamor de la sociedad civil en defensa de la institucionalidad
democrática se lo impidió. El intento que pretendía desconocer la prohibición
constitucional recibió el rechazo de amplios y significativos sectores de la sociedad.
Junto a esta victoria, también hay que destacar la lucha permanente, durante todo
el año, de la Coalición por una Educación Digna, por el cumplimiento de la ley que
especializa el 4% del PIB para la educación. Aunque el gobierno mantuvo el criterio de
violar la ley, se vio al Presidente de la República, en múltiples ocasiones, tratando de
justificar por qué no hay que invertir más del 2% en educación, cuando lo que le
correspondía era explicar por qué no lo hacía. Aunque no se logró el 4% en el
presupuesto, la sociedad civil se mantuvo a la ofensiva en esta trascendental materia.
La selección de los jueces que integrarían las llamadas “Altas Cortes” fue una
oportunidad también para que la sociedad civil hiciera hacer sentir su presencia a través
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de la Coalición por una Justicia Independiente que desplegó una amplia labor
demandando un procedimiento transparente para la selección de los integrantes de estos
importantes tribunales.
En este año se conformaron numerosos grupos de la sociedad civil, integrados
por representativos de distintos sectores sociales, articulados para desarrollar
actividades de lucha contra la violencia en sentido general y contra los feminicidios de
forma particular. Manifestaciones en distintos lugares del país testimoniaron esta toma
de posición de la sociedad que incluyó numerosas iniciativas en rechazo a la corrupción
y en demanda de sanciones.
8.- Estabilidad económica con déficits y endeudamiento
El año 2011 transcurrió sin cambios notables para la economía dominicana: el
gobierno mantuvo lo que por un período relativamente largo han sido sus propósitos
macroeconómicos expresos, que son una tasa de cambio estable y un crecimiento del
producto.
En efecto, la tasa de cambio se encuentra casi al mismo nivel de diciembre del
2010, con un leve aumento de 3.2%, pese a que la inflación llegó a ubicarse por encima
del 10% en algunos meses, aunque a noviembre se había reducido a un 8.6%
anualizado. De todas maneras, esa discrepancia tan marcada entre la inflación y el tipo
de cambio, mantenida por tanto tiempo, ha devenido en un atractivo muy grande para
comprar en el exterior en detrimento del mercado nacional, generando persistentes
quejas de los productores de bienes agrícolas e industriales, así como de empresarios
exportadores y del sector turismo. Aún así, se ha mantenido el crecimiento moderado
del PIB. En los primeros nueve meses, según el Banco Central, dicho incremento fue
de 4.2%.
Los datos de crecimiento e inflación, se pueden considerar relativamente
satisfactorios a juzgar por lo que está pasando en el resto del mundo. En efecto, los
principales países desarrollados -EUA, Europa y Japón- se encuentran sumidos en una
larga crisis, y muchos de ellos ni siquiera han registrado crecimiento.
Para contrarrestar la inflación y particularmente, las crecientes importaciones, el
Banco Central ha estado aplicando una política monetaria muy restrictiva. La emisión
monetaria apenas aumentó 6.6% (datos anualizados a noviembre), el medio circulante
no aumentó y los préstamos bancarios subieron, pero en 7.1%, muy por debajo de lo
que se estima de incremento en el PIB nominal. Las tasas de interés subieron a
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principios del 2011, y permanecieron bastante altas respecto al año anterior. A ello
contribuyó también la traslación hacia los prestatarios del nuevo impuesto a los activos
bancarios. A pesar de esa política restrictiva, las importaciones siguieron aumentando, a
un ritmo de 17% hasta septiembre, a lo cual contribuyeron los altos precios de los
combustibles y las crecientes importaciones de bienes de consumo.
Por otro lado, en el 2011 las exportaciones experimentaron un incremento
considerable, atribuible tanto al reinicio de las operaciones de la Falconbridge como a la
reactivación de algunas empresas de zonas francas y la creciente importancia del
mercado haitiano.
No obstante, todavía las ventas al exterior no alcanzan ni la mitad de las compras
y, como efecto de ello, el país registra un déficit comercial que ronda los nueve mil
millones de dólares, y se estima que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de
pagos terminará en un nivel cercano al 10% del PIB. Ante esta situación, el país se ha
convertido en altamente dependiente de la entrada de capitales foráneos, a través de
endeudamiento público y privado, capitales especulativos e inversiones directas en
minería y actividad inmobiliaria.
Nueva vez los ingresos tributarios se quedan bastante por debajo de lo que había
sido presupuestado, a pesar de que el Gobierno hizo aprobar, a mediados de año, una
nueva reforma impositiva. Con datos hasta octubre, las recaudaciones han aumentado
en un 8%, y es casi seguro que terminarán el año con menos de 10%, muy inferior a lo
que se había presupuestado, que era un incremento de 15%. Si se tiene en cuenta que ya
el déficit presupuestario del 2011 ha estado muy por encima de lo establecido en el
acuerdo con el FMI, la sobreestimación de ingresos, que se advierte en el presupuesto
publico aprobado para el año 2012, avisa de un déficit mucho mayor en los próximos
doce meses, lo que hace poco probable que se cumpla y se retome el acuerdo Stand-By
con el Fondo, el cual ha estado bajo suspenso la mayor parte del año que termina. Como
se conoce, una de las dificultades más grandes para ajustar la economía a los
requerimientos del FMI se deriva de la incapacidad de las autoridades para resolver el
permanente y costoso déficit del sector eléctrico.
Hasta ahora, el Gobierno ha estado cubriendo los faltantes fiscales con
incrementos de la deuda pública, tanto con organismos internacionales como con bancos
nacionales y extranjeros y por medio de la colocación de bonos en pesos y en dólares.
Otra modalidad es la colocación de certificados del Banco Central, con lo cual la deuda
pública total se ha colocado por el entorno del 40% del PIB, lo cual se considera muy
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alto para los parámetros de un país subdesarrollado. Basta señalar que en la República
Dominicana el servicio de la deuda viene absorbiendo una proporción superior al 40%
de los ingresos tributarios, reduciendo fondos para las necesidades más perentorias de
la población.
Cabe apuntar que a pesar de la lucha de amplios sectores populares por un
mayor presupuesto para el área educativa, el año termina con apenas un 2.5% del
producto para tal función, y en el presupuesto para el año 2012 se consignó menos de un
3%.
Finalmente, es preciso destacar que además de la baja atención pública de los
sectores sociales, la población se ve afectada por los altos niveles de desempleo, salarios
reales decrecientes y más de la mitad de la población ocupada se gana la vida en
precarias condiciones en el sector informal.
CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
Martes, 27 de diciembre de 2011
Santiago de los Caballeros. Hipólito Mejía, candidato presidencial por el
Partido Revolucionario Dominicano, aseguró el viernes que todavía en el país existe una alta proporción de hombres y mujeres con la suficiente dignidad y el coraje, para enfrentar el deterioro
moral de la nación, cuya participación en la política, representa una garantía que la Patria no está en peligro.
