La Dictadura, 12 años de Balaguer.

Conocidos son los detalles de la férrea dictadura instaurada por más de treinta años, en manos de Trujillo, la implantación de un sistema policiaco militar y de concomitante restricción de los derechos civiles y políticos, contribuyo en gran medida a la creación de una cultura uní-personal, clientelar y caudillista del ejercicio político, y de la iteración de sociedad civil-estado, así como partido político-gobierno.

Después de más de 30 años parece que la historia se repite. Los procesos históricos en el orden político regularmente son cíclicos, veamos porqué las elecciones del este año 2012 son un ejemplo de ello.

En medio de este proceso electoral, dedico este esfuerzo intelectual especialmente a dos sectores, que por lo general, en todas las sociedades son "anti-establishement" y constituyen una buena parte de la masa silente del electorado. Me refiero, por un lado, a los jóvenes de menor experiencia histórica (18 a 33 años), y por el otro, a la clase media intelectual ambos dentro de los cuales me incluyo. El primero, porque salvo quienes sean estudiosos de la Historia, no experimentaron o vivieron los fenómenos políticos y sociales que se germinaron antes y después de 1978 y necesitan ser concientizados. En el segundo caso, porque la clase intelectual podrá identificar con agudeza la importancia histórica del presente momento a la cual hago referencia en este análisis.

I.- Las reminiscencia de un régimen autócrata y los esfuerzos sociales por combatirlo: El caso del proceso electoral del 1978.- Viendo los procesos dentro del marco de la dialéctica argumentada por Carlos Marx y desarrollada por Federico Engels, los gobiernos de Joaquín Balaguer (1966-1978) durante la era post-trujillista marcaron el inicio hacia un proceso democrático sin que sus mentores los pretendieran. Se trató de un régimen donde los denominadores comunes fueron: a) el abuso de poder militar; b) niveles alarmantes de corrupción; c) profundas crisis económicas y grandes desigualdades sociales; d) tenencia y control casi absoluto de los medios de comunicación y e) un clímax en la degradación de los avances democráticos obtenidos desde el gobierno de Juan Bosch de 1963.

Unido a esas cinco características particulares que rodearon las postrimerías del régimen balaguerista de los 12 años, concomitantemente se germinaron voluntades comunes de tipo emancipadoras no fundadas únicamente en las necesidades humanas de la época sino también y muy particularmente en dos elementos característicos que hoy cíclicamente se repiten: 1) las ansias y urgencia de cambio; 2) el temor profundo a perder lo que al pueblo dominicano le costó mucho obtener: la democracia.

Hay que recordar que, si bien, los inicios de aquel régimen se incubaron a partir de unas elecciones “democráticas” organizadas por el presidente provisional Héctor García Godoy, los niveles de represión promovidos por sectores ultraconservadores opuestos al proceso de democratización iniciado por el PRD[ii] con Juan Bosch a la cabeza, se evidenciaron desde la misma toma del poder de Joaquín Balaguer. Ocho años más tarde (1974) esta política de represión se agudizó de tal manera que en algunos casos llevó al PRD y otras organizaciones políticas de izquierda a abstenerse de participar en procesos electorales que reeligieron al presidente Balaguer de manera casi unipartidaria, y que en nada parecieron democráticos.

Las características de aquellos fenómenos no es más que lo mismo a lo que nos aventuramos en estas elecciones ante los aprestos del PLD[iii] por la instauración de un sistema de partido único con oposición infuncional en términos de alternabilidad del poder. Sin embargo, de igual manera, durante los últimos años de ese régimen (1974-1978) se fue germinando una voluntad espontánea colectiva nacida del pueblo que caló de tal manera en todos los sectores sociales que se convirtió en una avalancha que hasta hoy ha sido el estandarte de la era democrática de la República Dominicana.

II.- Evidencias de un pacto social y político en las elecciones de 2012.- El origen.- Un proceso de desgaste de las instituciones marcado fundamentalmente por una excesiva corrupción y enriquecimiento ilícito, el abuso de poder, falta de institucionalidad y transparencia en los procesos de gestión estatal, la unipolaridad de los poderes del Estado, el secuestro y acaparamiento de más del 90% de los medios de comunicación, el aumento descontrolado y alarmante del crimen organizado y el narcotráfico con complicidad de funcionarios civiles y altos representantes de los mandos militares, y sobre todo, un desgaste significativo en calidad de vida de la gente, como lo demuestran estadísticas internacionales, ha sido el balance general de una larga gestión de 08 años de gestión gubernamental de Leonel Fernández, Danilo Medina y el PLD.

Sin que a nuestro enfoque pueda endilgársele un fin electorero, la clara referencia a Danilo Medina, se debe a que éste es quien desde la instauración del régimen nazi-peledeísta en el año 1996 y hasta el 2008 ha sido y sigue siendo el ideólogo estratégico no solo de la construcción de la figura leonelista sino del proyecto PLD-partido-único. De ahí que no sea una casualidad que el candidato presidencial del partido oficial haya sido el ministro de la presidencia más influyente que ha tenido el país en los últimos tiempos. Siempre fue el estratega, ideólogo y hacedor oculto de la mayor parte de las actuaciones que viene desplegando el PLD en su estilo de gobernar. Un estilo que más que de un personaje o liderazgo responde a una mística estructural de ver el Estado dominicano como un instrumento para la trascendencia e inmortalidad social, económica y política a lo largo del tiempo. Luciría exagerado pero los hechos están ahí.

A todo esto se agregan además persecuciones disfrazadas de actos de seguridad del Estado y de prevención del delito, contra los muy pocos comunicadores adversos al gobierno, tales como los casos de allanamiento a Guillermo Gómez y el periódico Siglo XXI y a personas que sirvieron de fuente a los reportajes de Nuria Piera (Caso: Félix Bautista); así como represalias por las denuncias de Marcos Martínez (Caso: Primera Dama); todas con el denominador común de que destapan serias evidencias que atacan el círculo más cercano al presidente de la República. El histórico caso de Orlando Martínez y otros en aquella era, al parecer se reeditan hoy. También, la práctica o intento de bloqueo cibernético a diarios digitales que se han resistido ser parte de la dictadura mediática de la cual son cómplices los medios de comunicación tradicionales. Y, finalmente, la censura irracional del ala gubernamental contra grupos, personalidades y sectores de la sociedad civil organizada en proceso de lucha por conquistas sociales, tildando a éstos de “cómplice de la oposición” y del PRD o de conspiración contra el gobierno por el solo hecho de disentir de las políticas del gobernante PLD. Para muestra de éstos tan solo un ejemplo: el reclamo del 4% del PIB para la Educación promovido por varias organizaciones no gubernamentales.

Sin lugar a dudas, que este escenario es una perfecta fotografía que retrata las persecuciones políticas y arbitrariedades de aquellos 12 años, pero adaptada a la modernidad del siglo XXI. En efecto, como puede verse, se trata de una reedición no solo de las evidencias de un acuerdo libérrimo y natural de voluntades hacia el cambio de mando sino también de los eventos causales que forzaron en aquella época un pacto espontáneo de intereses sociales hacia un fin común: el destierro del poder de quienes de manera autoritaria y antidemocrática ven el Estado dominicano como un bien patrimonial.

Las evidencias.- Las pruebas de este proceso son claras. Cuando se escuchan declaraciones del CONEP[iv] dando un apoyo casi evidente a un candidato de un partido de oposición, al que tradicionalmente no han endosado su apoyo, y que históricamente no se ha granjeado un apoyo contundente de ese sector conservador del país, ello debe llamar la atención de todos, particularmente de politólogos, historiadores y sociólogos que conocen perfectamente cómo fluyen los procesos políticos, para entender que estamos probablemente ante un proceso cíclico que va más allá de la lucha por los tradicionales intereses por los cuales antagonizan los grupos económicos y fácticos de poder: la supervivencia de la democracia y la permanencia de las instituciones. En resumen, eso mismo que permite a esos sectores generar riquezas y acceder a una competencia leal, la misma que ha visto mermada durante los últimos años donde funcionarios han pasado a ser competidores naturales de los sectores económicos tradicionales.

Un ejemplo de este fenómeno, son las declaraciones recientes (marzo, 2012) que vertieran líderes empresariales en el marco del Almuerzo Mensual de la Cámara Americana de Comercio celebrado en la ciudad de Santo Domingo. Aseveraciones como las expuestas por Jorge Esteva, Gerente de comunicaciones de Barrick Gold Corporation, al valorar las posiciones del candidato presidencial del PRD, Hipólito Mejía, sobre educación, austeridad y política anti-corrupción, o las externadas por Frank Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana, en cuanto a su acuerdo con el plan previsto para la industria turística propuesto por dicho candidato, mandan inequívocamente una señal ("HOY" Digital, marzo, 2012)[v].

De igual manera, podemos ver cómo sectores de académicos e intelectuales a quienes no se les ha vinculado con afiliación partidaria alguna, y que fueron otrora, incluso defensores de la figura presidencial de Leonel Fernández, sienten haberse equivocado. Son ellos quienes han llevado al debate un nuevo concepto dentro del argot constitucional y de las ciencias políticas, asumido por el jurista Luis Gómez Pérez, al advertir la configuración de lo que él y otros juristas y sociólogos han denominado como “Dictadura Constitucional”, que no es más que el ejercicio de una dictadura amparada en la legalidad de quienes ejercen el poder[vi]. Estos grupos de reputados intelectuales y académicos tampoco se han hecho esperar, y ello lo demuestran las proclamas y manifiestos tendentes a formar un “Frente contra el continuismo del PLD”, el cual tuvo lugar el 04 de marzo de 2012, en medio del presente proceso electoral. De acuerdo, al documento, firmado por 57 intelectuales, académicos y miembros de la sociedad civil organizada, se destaca un franco enfrentamiento al PLD que como partido de gobierno se ha convertido en un “partido-corporación” que sustentado en la corrupción y en una alianza con sectores económicos fundamentales pretende establecer una hegemonía no solo política sino también económica, apoyada en “una mayoría con una vocación autoritaria, que amenaza seriamente la continuidad democrática y el Estado de derecho al estar desprovista de contrapesos, formas de fiscalización y control, que desconoce de modo constante y grosero la legitimidad de la oposición y la sociedad civil en los procesos de decisiones públicas fundamentales”. (Diario Acento, marzo, 2012)[vii].

Tampoco se puede dejar de considerar el apoyo y alianza de un sector de la izquierda, como el caso del llamado Movimiento Rebelde que dirige Juan Hubieres y otros sindicalistas que apoyaron también en otros tiempos al presidente Fernández. La coincidencia retórica subliminal de la otra franja aun cuando participen en proyectos paralelos, son partes también de ese pacto social y político.

Estas posturas planteadas recientemente por miembros del sector empresarial, grupos de intelectuales y algunos sectores de la denominada izquierda, como ya hemos visto, tal como ocurrió en las elecciones del año 1978, demuestran la aceptación soterrada de un pacto social, político y económico que ha tenido como target al candidato presidencial del PRD, Hipólito Mejía, y como lo tuvo en su época al candidato presidencial, Antonio Guzmán, del mismo partido. Sin lugar a dudas, aún a pesar del conservadurismo e indulgencia del Pueblo dominicano, estas reacciones persistentes, directas y abiertas de sectores como los mencionados, han evidenciado de manera obligada, la existencia de una lucha bélica de algún modo comparable con los tiempos de la década de 1970, pero con una línea moderna en el marco de la era informacional. De la misma manera como la dictadura mediática asume el papel que la intimidación física de la era de los 12 años ejercía contra los sectores liberales y antagónicos de entonces.

Por tales razones, como todos los procesos históricos, los fenómenos se presentan casi siempre de forma cíclica que permiten trazar una pauta dialéctica que hace los fenómenos sociales y políticos muchas veces predecibles. Ante las características comparativas de los años 1978 y 2012 podríamos decir que las teorías políticas plasmadas en la obra “El Contrato Social” de  Jean-Jacques Rousseau, cobran una vigencia prácticamente axiomáticas si consideramos, según Rousseau, que el consenso de derechos y deberes constituyen las cláusulas de ese contrato social que permite a los ciudadanos y ciudadanas delegar la gestión de su cumplimiento al Estado y poner éste en manos de sus gobernantes. Que al ser, estos derechos y deberes no inmutables y sujetos a los cambios que se producen en la sociedad en interés de ese mismo contrato, los ciudadanos deciden cuándo dar término a dicho contrato, convirtiéndose esto en un Pacto Social y Político que no necesariamente tiene su clímax en una elección y que al mismo tiempo se hace tan fuerte como el poder constituyente de una nación. Siendo así que cuando opera una conjunción espontánea de voluntades, ello responde no a un contubernio preestablecido ni a un proyecto partidario o grupal de corte mesiánico sino a un proceso natural de procesos de cambio, como sucede ahora en el 2012, y como sucedió en el 1978.

Más aún, las condiciones para la reedición de un pacto social y político que genere un cambio fundamentado en la alternabilidad del poder y en la protección de la democracia como sistema, están dadas para materializarse en este año 2012 de la misma forma casi fotográficamente perfecta como ocurrieron en el año 1978. En adición a los demás elementos característicos ya descritos, se evidencian tres (03) detalles que pueden marcar la pauta, a saber:

a)       Los niveles de degradación de la institucionalidad, concentración excesiva del poder y uso abusivo de los medios de comunicación; elementos repetidos casi de forma exacta entre el 1978 y el 2012.

b)       Apoyo irrestricto y plural casi plebiscitario hacia el candidato del partido opositor. En particular, sobre todo de parte de sectores de clase alta y clases medias conservadoras, como empresarios, intelectuales y representantes de “grupos de presión” histórica y tradicionalmente opuestos al PRD, o cuando menos no muy favorables a éste.

c)       Las figuras presidenciales que representan ese cambio son de tipo atípico, sencillo, no vinculadas a sectores académicos, y aún de discurso sobrio y con líneas más socialdemócrata e identificadas con sectores de mayorías populares, casualmente, ambos entendidos en las ciencias agropecuarias: Hipólito Mejía y Antonio Guzmán.

Estos indicios no solo son una manifestación inteligente, armoniosa y civilizada de cómo exigir un cambio en las próximas elecciones del 20 de mayo. Es una manera del pueblo asociarse con sus gobernantes para auto-dirigirse y no perder lo que en ciencias políticas denominamos: la libre determinación de los pueblos. Es de igual medida, una respuesta del pueblo natural, no adornado por las estéticas de la intelectualidad y las exuberancias del linaje oligarca que ofrece la permanencia en el poder de quienes el mismo pueblo encarga y deposita su confianza ahora defraudada, enviando un mensaje para advertir que la autoridad y soberanía la tiene absolutamente el pueblo compuesto por los ciudadanos y ciudadanas que formamos la nación y no de aquellos que ocupan el Estado en cada período constitucional. Esta expresión es la manifestación del celo y ansiedad por recuperar la democracia en cuanto ella es el único estadio en que una vez delegada aquella autoridad, puede ser recuperada tan solo con la expresión simple del voto, y en otros sistemas más evolucionados democráticamente, donde el ciudadano ejerce control más directo y estricto como la revocación de los mandatos y el poder constituyente, que son en cierta medida una excepción al principio general de la democracia representativa.

En efecto, como parte del complejo proceso electoral que experimentamos en la República Dominicana en las actuales coyunturas históricas, se ha estado germinando un proceso histérico revolucionario muy parecido al del año 1978 como una manifestación al rechazo del continuismo, el uso abusivo de los recursos del estado, la corrupción innominable, los aumentos sostenidos y alarmantes de la delincuencia, que junto al padecimiento de necesidades alimentarias, alto costo de la canasta familiar, las precariedades del sistema de salud y el desempleo. Estas condiciones dadas han provocado una furia popular de desplazar del gobierno a un partido oficialista que se encuentra al borde de instaurar una dictadura constitucional, informacional y mediática de impredecible consecuencias para la estabilidad política, la gobernabilidad democrática pero sobre todo para el futuro de la democracia y las libertades públicas, que es el único sistema de convivencia social que a juicio del ciudadano, puede reivindicarlo de todas aquellas carencias.

La gente, la gran mayoría del pueblo dominicano, los ciudadanos y ciudadanas de a pie quizás no comprendan este fenómeno cíclico en sus magnitudes socio-políticas e históricas, pero si lo sienten e indudablemente perciben una atmósfera de temor poderosa a perder lo único que permite a los ciudadanos (as) vengarse cada cuatro años del descuido de quienes gobiernan nuestra nación, y aún más lejos, de ejercer un verdadero control ciudadano de las actuaciones públicas.

En conclusión, todos estos fenómenos históricos coincidentes entre los escenarios de los años 1978 y 2012 demuestran, por un lado, que la historia es indefectiblemente cíclica cuando ciertos procesos no han logrado su fin dialéctico transformador, y por otro lado, la consistencia del proverbio latín Vox populis, vox Dei” [La voz del pueblo es la voz de Dios]. Por tanto, pareciera que, en las actuales circunstancias, ello sugiere la existencia de un ineludible pacto social y político para la concretización de importantes transformaciones no hechas hasta ahora y que ya la sabiduría popular ha decidido el instrumento y los protagonistas a quienes encomendar esa misión.