PROGRAMA DE GOBIERNO 2012-2016: 4. LINEAMIENTOS SOBRE EL SISTEMA JUDICIAL.

	PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO
	PROGRAMA DE GOBIERNO2012-2016

a) Introducción.

El Gobierno encabezado por el Presidente Hipólito Mejía se caracterizará por el respeto irrestricto a la Constitución y a las leyes, respetando la independencia de los poderes públicos como garantía plena del Estado Social y Democrático de derecho, que aspiran construir los dominicanos(as).

El PRD reitera su visión del socialismo democrático que privilegia los atributos de la persona humana, y los principios consagrados en la Constitución de la República, en los cuales figura la obligación de administrar justicia sustentada en los principios de igualdad, equidad social, solidaridad, libertad y seguridad jurídica.

b) Diagnóstico.

El sistema judicial dominicano se ha vuelto injusto porque los (as) ciudadanos(as) de escasos recursos difícilmente pueden costear los procesos judiciales, situación contraria al artículo 69, acápite 1, cuando dice: ¨El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita¨. El ministerio público es constantemente denunciado por la opinión pública de estar al servicio de los intereses políticos del PLD, de involucrarse en actos de prevaricación, de actuar en forma benigna ante acusados de narcotráfico, de proteger a personas de poder en perjuicio de los humildes, de negligencia en el cumplimiento de sus funciones y de ofrecer protección al crimen organizado, actuaciones que atentan contra la idoneidad del Estado y llevan intranquilidad a la ciudadanía que procura vivir en un estado de convivencia y respeto.

El sistema judicial se encuentra en crisis a causa del bajo presupuesto consignado en la Ley de Presupuesto del Estado, viéndose obligado a la suspensión de servicios, reducción de personal y de ajustes salariales, a limitar los programas de formación de recursos humanos, expansión de nuevos tribunales, y a declararse en riguroso estado de estrechez económica.

c) Metas del periodo (2012-16).

Contribuir desde el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio Público, a la administración de una justicia oportuna, imparcial y absolutamente gratuita, sobre todo para los sectores de escasos recursos.

Nuestro gobierno ejecutará un programa de titulación de tierras y propiedades en provecho de aquellos (as) que necesiten asistencia para formalizar sus derechos, con el fin de dinamizar las operaciones crediticias y económicas, y lograr que, todo propietario legítimo este amparado por un título expedido por la autoridad competente.

Capacitar a los miembros del Ministerio Público para el desempeño idóneo de sus funciones.

Eliminar las trabas maliciosamente urdidas para evitar que el nuevo gobierno este atado de pies y manos para hacer cumplir las leyes.

Trabajar con esmero para convertir el Poder Judicial Dominicano sea considerado nacional e internacionalmente como uno de los más honestos, eficaces e imparcial de América Latina y el Caribe.

d) Políticas públicas sobre el poder judial.

•Apoyo Institucional.

Garantizaremos una justicia eficaz sustentada en la profesionalización y tecnificación del Ministerio Público y sus dependencias, plena independencia de la administración de justicia, especialización y equipamiento de la policía, así como la protección efectiva de los derechos de los justiciables y las víctimas.

El gobierno dotará de los recursos técnicos y financieros necesarios al Poder Judicial y al Ministerio Público para que garanticen la efectividad de la justicia penal, apoyará el establecimiento del Cuerpo Técnico Especializado de Investigación de la policía y el fortalecimiento de la Oficina Nacional de Protección a los Derechos de las Víctimas, para que funcione con similar presupuesto e igualdad de condiciones que la Oficina Nacional de la Defensoría Pública.

•Apoyo Presupuestario.

Apoyaremos de manera decidida la continuidad del proceso de reforma y modernización de la justicia garantizando el cumplimiento de las Leyes 46-97 y 194-04 de Autonomía Presupuestaria, mediante las cuales se otorga un 4.10 % del Presupuesto Nacional al Poder Judicial y al Ministerio Público, con lo cual se pondrán en funcionamiento nuevos tribunales y se construirán, remozarán y equiparán las edificaciones que requiere una administración de justicia digna. De manera particular, la Administración del Presidente Mejía asumirá la construcción del Palacio de Justicia de la Provincia Santo Domingo, así como la puesta en funcionamiento de los nuevos tribunales de dicha demarcación que sean indispensables para dar plena vigencia a la Ley No. 141-02 que creó el Departamento Judicial de Santo Domingo.

•Apoyo al INACIF.

Asimismo, el Gobierno dotará al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, de los equipos y la asesoría técnica necesaria para mejorar la calidad de sus peritajes y experticias forenses.

•Legislación Penal, Combate al Crimen.

Promoveremos la reforma de la legislación penal vigente de acuerdo al consenso que se establezca entre los actores del sistema de justicia y la sociedad en sentido general, tomando en cuenta los datos estadísticos del desempeño del sistema judicial en relación con el auge de la delincuencia y la criminalidad al tenor del reclamo social de mayor efectividad en la aplicación de la ley, con garantía plena de respeto a los derechos fundamentales de los justiciables y de las víctimas consagrados en la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales nuestro país es signatario.

Garantizaremos la atención permanente del gobierno en la aplicación de las políticas contra la delincuencia y la criminalidad, mediante la creación de un organismo consultivo nacional de seguimiento y monitoreo a las políticas anticrimen y de seguridad pública de la Nación, el cual será presidido por el Procurador General de la República e integrado por los responsables de todos los organismos represivos del Estado, el Colegio de Abogados de la República y representantes de la sociedad civil organizada.

•Combate a la Violencia Intrafamiliar.

Consciente de que la violencia intrafamiliar es un flagelo que hay que combatir con toda firmeza, el Gobierno garantizará el cabal cumplimiento de la Constitución y demás normas que condenan la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas, mediante la adopción de las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

•Combate a la Corrupción Administrativa.

Combatiremos con mano firme la corrupción administrativa, para lo cual se exigirá la más absoluta transparencia a los funcionarios del gobierno en la rendición periódica de las cuentas de las instituciones que dirijan y de sus finanzas privadas.

•Derrota al Narcotráfico

Fortaleceremos la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado impulsando la modernización de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, para que funcionede manera eficaz como un verdadero organismo técnico-represivo en coordinación con los organismos internacionales especializados.

•Mejoramiento del Sistema Penitenciario.

Daremos continuidad a las políticas iniciadas en el primer período de Gobierno del Presidente Hipólito Mejía sobre el mejoramiento del sistema penitenciario nacional, dotando a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Prisiones de recursos financieros suficientes para la ampliación del nuevo modelo penitenciario y la construcción de nuevas cárceles para resolver el grave problema de la sobrepoblación carcelaria.

•Defensa de la Competencia.

Con la finalidad de garantizar y fomentar la libre y leal competencia entre los operadores económicos de los sectores productivos del país, el Gobierno se compromete a la implementación de la Ley General de Defensa de la Competencia y su Reglamento de aplicación, así como a reestructurar los distintos organismos que intervienen en el diseño y la ejecución de las políticas comerciales e industriales de la Nación.

•Reordenamiento Institucional.

El Gobierno dará atento seguimiento al proceso de adecuación de las leyes y al reordenamiento institucional de los tres poderes del Estado conforme a los mandatos de la Constitución, para lo cual se procederá a reestructurar la Comisión Presidencial creada a tales efectos, con una Secretaría Ejecutiva con carácter permanente.