POSICION DE LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA DOMINICANA FRENTE AL FRAUDE INMOBILIARIO Y MEDIOAMBIENTAL DEL GOBIERNO DEL PLD Y EL PRESIDENTE DANILO MEDINA

1.  En el caso Barrick Gold exigimos la revisión inmediata y renegociación del contrato firmado por el Estado Dominicano con la empresa Barrick Gold, por considerarlo un contrato leonino, lesivo y desfavorable al Estado Dominicano en los aspectos económico, social y político. No obstante, proponemos que el Estado Dominicano debe recibir no menos del 50% de los beneficios generados, entendiendo que en el contrato establecido en el Gobierno del PRD 2000-2004 con la empresa Placer Dome era más igualitario con el 53% de los beneficios. Además, exigimos la revisión de la metodología de explotación, extracción, las auditorias y mecanismos de exportación. Proponemos que estos recursos sean transparentados e invertidos en gasto de capital, en  áreas prioritarias de educación, salud, producción y generación de empleos, seguridad e infraestructuras, lo que, aumentaría la presión fiscal del gobierno y evitaría otro aumento de impuestos de parte del gobierno del PLD y el Pte. Danilo Medina. Además, aumentar de 5% a un 10% los beneficios a los ayuntamientos en la zona de desarrollo establecidos en el contrato.

1. En el caso de Loma Miranda, exigimos el inmediato retiro de cualquier intento de proyecto de explotación minera existente, por considerarlo un atentado al patrimonio natural nacional, y al desarrollo sostenible de la región norte y el país. Además, contiene un valor hídrico y de biodiversidad fundamental para la producción agropecuaria y la vida humana. Por lo tanto, apoyamos el proyecto de ley formulado por la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que crearía el Parque Nacional Loma de Miranda, por lo que, exigimos su inmediato conocimiento, estudio y aprobación  de parte del Congreso Nacional y promulgación por el Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente Danilo Medina.

1. En el caso de Bahía de Las Águilas, nos  oponemos a cualquier intento de explotación de esta área protegida. Por lo tanto, esta ilegalidad medioambiental representa un peligro para el desarrollo sostenible y humano, y el Estado Social y Democrático de Derecho en el país. Proponemos una reevaluación de los proyectos de desarrollo turístico de la región sur y todo el país, con el criterio de conservación ambiental y desarrollo sostenible que establecen las leyes  ambientales. Además, solicitamos con urgencia al Poder Judicial la nulidad de todos los títulos entregados a particulares en esta área y, sanciones a quienes violentaron las leyes de registros de títulos y áreas protegidas.