CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA: El balance nacional del 2011

El balance nacional del 2011

* Fallido el “Año de la Transparencia y la Institucionalidad”

* Frustración en la elección de las altas cortes

* RD se quemó en las principales evaluaciones internacionales

* Incremento del narcotráfico, la violencia y la inseguridad

* Prematura y costosa campaña electoral

* Estabilidad y crecimiento económico, pero los déficits y el

fuerte endeudamiento cuestionan la sostenibilidad

1.- En lo institucional

Resultó fallida la declaración del 2011 por decreto del Poder Ejecutivo como

“Año de la Transparencia y la Institucionalidad”, pues aunque se registraron algunos

avances como parte del Proyecto de Iniciativas Participativas Anticorrupción (IPAC), la

impunidad frente a las denuncias de corrupción y el continuo involucramiento del

personal de los organismos de seguridad en el incrementado narcotráfico y la

delincuencia elevaron la inseguridad y sembraron el desaliento en la sociedad.

La participación de importantes estamentos del Estado, junto con 14

organizaciones de la sociedad civil y una docena de organismos internacionales fue uno

de los hechos más positivos del año, con adelantos en algunas previsiones para reducir

la corrupción, incluyendo la elaboración de un proyecto de reforma a la Ley de Libre

Acceso a la Información que está en manos del Poder Ejecutivo.

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Pero fue resaltante que no se logró la participación de los órganos responsables

de las contrataciones de obras públicas y de grandes volúmenes de compras como la

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y las secretarías de Obras

Públicas y Salud Pública. Quedó pendiente la implementación de grandes metas como

el establecimiento de una cuenta única de la tesorería nacional, aunque se inició su

diseño.

Las denuncias de corrupción fueron simplemente ignoradas por los órganos

encargados de investigarlas y buscar su sanción judicial. No hubo una sola iniciativa del

Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría

General de la República pese a que la presidenta de la Cámara de Cuentas declaró el 19

de diciembre que le había remitido 36 auditorías a diferentes entidades estatales con

graves irregularidades. En noviembre se dio a conocer la realizada a la gestión del

Instituto Agrario Dominicano en el 2008 que revela irregularidades por más de 700

millones de pesos.

La primera mitad del año registró una serie de acontecimientos que pusieron en

jaque la institucionalidad democrática, como el intento de imponer una repostulación

presidencial en contradicción con la Constitución de la República y la aprobación de

forma inconstitucional, sin dos terceras partes de los votos, de la Ley Orgánica del

Consejo Nacional de la Magistratura, e intento de hacer lo mismo con la del nuevo

Tribunal Constitucional, lo que posteriormente fue rectificado tras una intensa presión

de la opinión pública. También se violaron la Ley 176-07 sobre el DN y los Municipios,

y la Ley Orgánica de la Liga Municipal Dominicana y su reglamento, al elegir por un

solo año, en vez de cuatro, al secretario general de la Liga Municipal Dominicana, por

simple conveniencia partidista.

Tanto en el presupuesto del 2011, como en el del año próximo se persistió en

desconocer la Ley General de Educación y la Constitución misma al no destinarse el

mínimo del 4 por ciento del producto interno bruto para educación. También la ley

municipal que dispone para los ayuntamientos el 10 por ciento de los ingresos

nacionales, y otras que asignan partidas específicas al Poder Judicial y la Cámara de

Cuentas.

El Congreso Nacional fue un simple sello gomígrafo del Poder Ejecutivo para la

aprobación de préstamos por más de 97 mil millones de pesos, y sancionando

espectacularmente el presupuesto del 2012 con precipitación sin precedente para acallar

reclamos nacionales de que se cumplieran las leyes. Hubo varias violaciones a la Ley

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General de Presupuesto y se llegó a la segunda mitad de diciembre poniendo parches

legislativos sobre una pobre ejecución presupuestaria y para cubrir parte de un alto

déficit fiscal a pesar de que a mitad del año hubo una reforma tributaria.

2.- Frustración en la elección de las altas cortes

Desde mucho antes de iniciar el año 2011 se había identificado que no solo se

había detenido el proceso de reforma judicial iniciado en 1997 con la elección por

primera vez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por parte del Consejo Nacional de la

Magistratura (CNM), sino que se había iniciado un claro proceso regresivo. Así fue

reconocido por el propio presidente de la SCJ, Dr. Jorge Subero Isa, al señalar la

necesidad de iniciar una segunda ola de reformas del sector.

Durante todo el año 2011 fue imposible darle ese nuevo impulso a la reforma

con un Poder Judicial que por tercer año consecutivo veía congelado su presupuesto,

pero además con la amenaza que representaba para los jueces supremos el proceso de

evaluación que debía emprender el CNM para decidir si permanecerían en sus

posiciones. Sus labores como tribunal constitucional sufrieron un reflujo por temor a

herir susceptibilidades de quienes controlan la mayoría del CNM. Este temor se

extendió a los tribunales inferiores, muchos de cuyos jueces aspiraban a ser elegidos

para las Altas Cortes. Fue notoria la sentencia del Tribunal Superior Administrativo en

contra del recurso elevado para que se respetara el 4% del PIB para la educación, que

fue recurrido ante la SCJ para ser engavetado.

Cuando el CNM se dispuso a elegir los cuarenta magistrados de las Altas Cortes

desde la sociedad civil se formó nuevamente la Coalición por una Justicia

Independiente, integrada principalmente por la Asociación Nacional de Jóvenes

Empresario (ANJE), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la Cámara

Americana de Comercio (AMCHAM) y Participación Ciudadana, con la finalidad de

incidir en la definición de un proceso de selección transparente y participativo, con una

definición previa de los perfiles que debían reunir los aspirantes y los métodos de

evaluación. La Ley Orgánica del CNM obliga a una evaluación y el propio reglamento

aprobado por este organismo señala que los jueces deben ser elegidos a través de un

“concurso público de méritos”, lo que obliga al Consejo a escoger a los mejores, y por

lo tanto reducía su discrecionalidad.

Debido a la presión ejercida desde la Coalición, el CNM decidió celebrar las

entrevistas con los aspirantes a puertas abiertas y transmitirlas por televisión, pero el

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número de aspirantes que sobrepasaba los doscientos ochenta, obligó a celebrar 24

sesiones, que se extendían por varias horas, lo que hizo decaer la atención de la

ciudadanía en el proceso. El Consejo Nacional de la Empresa Privada solicitó que luego

de completadas las entrevistas, se hiciera una preselección, reduciendo los aspirantes a

tres por cada posición para poder profundizar las evaluaciones sobre cada uno,

publicando sus nombres y estimulando a la ciudadanía a participar con sus opiniones.

Esta petición, fue asumida por la Coalición por una Justicia Independiente, que además

solicitó que las sesiones de deliberación y votación se hicieran a puertas abiertas, pero

ninguna de estas solicitudes fue acogida.

Las últimas entrevistas realizadas por el CNM correspondieron a los presidentes

de las Salas de la SCJ, Rafael Luciano Pichardo, Juan Luperón Vásquez y Hugo

Álvarez Valencia, con la finalidad de que presentaran las evaluaciones que habían

realizado a los jueces que integraban estas salas, lo que serviría de insumo para las que

realizaría el Consejo. Esta sesión fue a puertas cerradas y sus resultados no fueron

divulgados. Igual ocurrió con las sesiones de deliberación y votación para escoger a los

miembros de las Altas Cortes, que se realizaron los días 20 y 21 de diciembre. Nada se

ha divulgado sobre quienes propusieron candidatos o de la forma en que votaron. Las

designaciones para el Tribunal Superior Electoral (TSE) obedecieron al inveterado

sistema de la repartición partidaria, pues dos de los miembros titulares pertenecían al

PLD y un tercero al PRD. Dos de los suplentes estaban relacionados con el Partido

Reformista Social Cristiano. Esta situación deja a los jueces electorales con un déficit de

credibilidad, sobre su imparcialidad e independencia.

En la última sesión del CNM, celebrada el 21 de diciembre, se escogieron a los

miembros del Tribunal Constitucional (TC) y de la SCJ. También en estos tribunales se

utilizó el criterio de la repartición, evidenciando la existencia de un pacto entre el

presidente del PLD y del CNM, Leonel Fernández, y el presidente del PRD, Miguel

Vargas Maldonado, quien de esa forma consiguió la elección de unos 5 vinculados. Esta

práctica vicia el proceso democrático, ya que se pacta en secreto y en forma poco

institucional, pues los órganos de ninguno de los dos partidos aprueban este tipo de

acuerdos que escogen jueces de lealtades individuales y que van a defender intereses

partidarios, generando posteriormente conflictos a lo interno del órgano.

En la designación de los miembros de los tres tribunales quedó evidenciado que

el CNM no utilizó como parámetro en todos los casos las hojas de vida y las entrevistas

realizadas. Por ejemplo, la hoja de vida y la entrevista del aspirante al TC Cristóbal

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Rodríguez superaron con creces las de varios de los designados. Lo mismo ocurrió en la

SCJ y el TSE. Otro ejemplo destacable lo constituyeron las hojas de vidas y las

entrevistas de los jueces de carrera Claudio Aníbal Medrano, Domingo Gil y Juan

Manuel Guerrero, que no fueron escogidos a pesar de que superaban ampliamente la de

varios de los escogidos. No cabe duda de que predominó la discrecionalidad, lo que

hace perder credibilidad a las evaluaciones.

En la SCJ fueron designados trece nuevos miembros, permaneciendo en la

posición sólo cuatro de los anteriores, lo que implicó la separación de la posición de

todos los demás, o por no superar las evaluaciones realizadas o por tener la edad de

retiro. De los cuatro que fueron mantenidos en sus posiciones, uno de ellos, Jorge

Subero Isa, renunció de inmediato por haber sido degradado de presidente a simple

miembro, luego de catorce años en la posición.

Serias dudas surgieron sobre la constitucionalidad de la separación del cargo de

varios de los jueces de la SCJ. El artículo 181 de la Constitución dispone que “en los

casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiere la pertinencia de separar

un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que

rige la materia.” El artículo 35 de la Ley Orgánica del CNM contiene criterios que

deben tomarse en cuenta en la evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema

Corte de Justicia. En consecuencia, si en el acta de la sesión del Consejo no se

encuentran los motivos que justifican la separación de acuerdo a los criterios

establecidos en la ley, la decisión sería inconstitucional. Las dudas surgen debido a

exclusión de jueces como Julio Aníbal Suárez, reconocido por su integridad,

independencia, capacidad y laboriosidad y la permanencia en la posición de jueces con

un desempeño deficiente como la magistrada Dulce Rodríguez de Goris.

También resulta preocupante que los tres jueces que sustentaron un voto

disidente en el famoso caso de la Sun Land, Julio Aníbal Suárez, Eglis Esmurdoc y Ana

Rosa Bergés, fueran separados de sus posiciones. Así mismo, de todos los integrantes

de la anterior Junta Central Electoral, la doctora Aura Celeste Fernández, precisamente

la más independiente y coherente, fue la única que no fue incluida en ninguna de las

cortes. Ello puede condicionar a los jueces a no tomar decisiones que afecten los

intereses de los que controlen en cualquier momento el CNM.

La nueva ola de reformas que necesita el poder judicial pudiera estar en peligro,

y corresponderá a los nuevos integrantes de la SCJ aportar los hechos que permitan

demostrar a la ciudadanía que las circunstancias alrededor de su elección no afectarán

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su independencia. El TC tiene el serio reto de no caer en los mismos vicios en que

incurrió la Suprema Corte de Justicia cuando ejercía la justicia constitucional. La mora

en el fallo de los casos y la falta de independencia cuando se trataba de casos que

afectaban al Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, hicieron perder legitimidad a la SCJ

y contribuyeron a desplazar sus funciones constitucionales a un nuevo órgano.

No podemos dejar de deplorar la sentencia de la SCJ que avaló la circular de la

JCE que niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento a ciudadanos de

ascendencia haitiana, la que consagra un sistema de exclusión de miles de personas y

expone al país a nuevos cuestionamientos internacionales y una posible condena de la

Corte Interamericana de Justicia.

3.- Conflicto en la JCE

Cuando todo parecía que respecto a lo electoral la atención tendría que centrarse

en los meses previos al día de las elecciones, período en que los partidos, pero sobre

todo el gobierno, tratan de condicionar la voluntad popular, la dimisión forzada del

Administrador General de Informática desencadena una crisis en esta área tan sensible

del proceso electoral que aún no se ha podido resolver.

Por razones hasta ahora desconocidas el presidente del la JCE desautoriza a la

autoridad máxima del área, otorgándole sus facultades a un subalterno, sobre quien los

partidos mayoritarios habían manifestado desconfianza, al punto de haber solicitado su

destitución. En vez de resolver la crisis sustituyendo al funcionario cuestionado o

poniéndole un superior que inspirara la confianza de los partidos, el presidente del

organismo insiste en una fórmula en la que el cuestionado permanece en el cargo.

Las negociaciones, a través de un mediador externo, aún no han podido resolver

el impasse, pese a que estamos a menos de cinco meses de las elecciones y que está

erosionando la credibilidad de la Junta cuando las encuestas más acreditadas dan ventaja

al candidato de la oposición.

Es resaltante que el 2011 concluye sin que el Congreso Nacional aprobara el

proyecto de Ley de Partidos sometido a su consideración a mediados del año por la

Junta Central Electoral. Tampoco se ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica del

Régimen Electoral, elaborado por una misión de la Organización de Estados

Americanos, aunque este último llegó al Congreso en diciembre. Pero es fundamental

para adecuar el régimen electoral al nuevo marco establecido por la Constitución de la

República lo que debió ocurrir a más tardar en enero pasado.

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4.- Reprobación en las evaluaciones

Fue relevante que a lo largo del año la República Dominicana resultó reprobada

en la generalidad de las evaluaciones internacionales, especialmente en las más

acreditadas como las del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial

(FEM), Transparencia Internacional, Amnistía Internacional, Programa de Promoción

de la Reforma Educativa para América Latina (PREAL) y Latinobarómetro. El país se

quemó especialmente en los servicios básicos de educación, salud, policiales, en

competitividad y en transparencia y corrupción.

En el índice de Competitividad Global la RD registró la peor caída de toda

América Latina, al retroceder nueve escalones en relación al año anterior y quince en

los dos últimos años. Pasó de la posición 101 a la 110 entre 142 países evaluados,

quedando campeón mundial en despilfarro en el gasto gubernamental y en falta de

confiabilidad en los servicios policiales, subcampeón en favoritismo de los funcionarios

gubernamentales, y en la posición 140 en calidad de la educación primaria y desvío de

fondos públicos. Como se puede apreciar la nación quedó en los tres últimos puestos en

los tres indicadores de corrupción.

Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción

degradó el país del puesto 101 al 129, entre 178 naciones evaluadas, para una

estrepitosa caída de 28 escalones de un año a otro. Con una puntuación de 2.6 sobre 10,

RD fue muy mal calificada, colocándose en el segmento de “percepción de una

corrupción rampante”.

Por su parte Amnistía Internacional presentó un libro documentando graves y

generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía, resaltando sus

niveles de corrupción. Basada en estadísticas de la Procuraduría General de la

República cuantifica en 2,138 los muertos a manos de la Policía Nacional en los últimos

seis años para un promedio anual de 395, más de uno por día. Ese promedio se repitió

este año según el informe emitido de manera conjunta por la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos que los

cuantificó en 354 al comenzar diciembre, con una proyección de 384 al final del año.

5.- Crecimiento de la inseguridad

El narcotráfico, la delincuencia y el crimen en todas sus expresiones,

incluyendo el sicariato, amargaron la vida de los dominicanos y dominicanas a lo largo

del año. Las muertes violentas pasan de 2 mil 300, incluyendo al menos a 225 mujeres,

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más de un centenar en el propio ámbito familiar, configurando un desbordamiento de

los feminicidios, a pesar de un mayor esfuerzo del ministerio público y de la sociedad

en general por combatirlos.

El narcotráfico registró escándalos mayúsculos, incluyendo crímenes múltiples y

ejecuciones de la mayor crueldad. Su dimensión puede apreciarse por la incineración de

15 toneladas de drogas durante el año. El 22 de diciembre la Dirección de Control de

Drogas incineró 8.5 toneladas, 7.5 correspondientes sólo a cocaína, de las que casi la

cuarta parte fue incautada en el último mes. Las otras 6.5 toneladas habían sido

incineradas en junio. Ello implica una mayor efectividad en la persecución de ese

tráfico, pero también que el país ha sido un puente cada vez más propicio para el envío

de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Las propias autoridades han estimado que

sólo capturan la tercera o cuarta parte de las drogas que pasan por el territorio nacional.

Lo más preocupante fue que en casi todos los cargamentos incautados resultaron

implicados oficiales y clases de los diversos organismos de seguridad del Estado. Como

hecho positivo quedó la conclusión en condenas del proceso seguido a un grupo de

personas vinculadas al lavado de dinero proveniente de la red de narcotráfico que

encabezó el portorriqueño Figueroa Agosto.

La muerte de al menos 340 personas víctimas de la epidemia de cólera fue otra

expresión de la indefensión y vulnerabilidad de los segmentos más pobres de la

sociedad dominicana.

6.- Prematura campaña electoral

Bordeando dificultades que por momento amenazaron su integridad los partidos

mayoritarios lograron elegir sus candidatos presidenciales y de inmediato se embarcaron

en una prematura campaña electoral con un desbordamiento de gastos. Después de pasar

un período de turbulencias los peledeístas concluyen el año ratificando su unidad,

mientras los perredeístas aún arrastran resentimientos por el resultado de la elección

primaria.

El tercer partido del sistema prosiguió su tendencia a la dispersión, incapaz de

cumplir el mandato de un Congreso que planteó la elección de candidato para mediados

del año, mientras las encuestas lo degradan progresivamente. El paso del tiempo sólo le

va dejando la opción de ratificar la alianza que sostiene desde el 2010 con el partido de

gobierno.

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Al concluir el año parece haber fracasado, una vez más, el propósito de diversos

grupos emergentes por constituir una candidatura de amplio espectro que ofreciera una

opción alternativa a los insatisfechos con el sistema partidista dominante.

Una vez más la campaña electoral se basa en una saturante propaganda partidista

y aunque los candidatos han acudido a diversas instancias sociales para exponer

planteamientos, el año concluye sin que ninguno haya presentado un programa de

gobierno.

El anuncio del presidente Leonel Fernández de que dispondrá de 40 mil millones

de pesos para garantizar el triunfo de su partido, enciende de nuevo los temores de que

el abuso de los recursos del Estado empañe el proceso electoral democrático.

7.- Reactivación en la Sociedad Civil

En este año que finaliza varias iniciativas y acciones prolongadas de demandas

testimonian que la sociedad civil tuvo una fuerte incidencia en la vida nacional. No

siempre el éxito acompañó los esfuerzos realizados pero en el peor de los casos forzaron

a que se reorientaran propósitos originales. Puede apreciarse, además, que la sociedad

civil toma cada vez más conciencia de la necesidad de acompañar las demandas y

propuestas con acciones de incidencia política, de manera que puedan terminar en

decisiones de los actores políticos. Numerosas fueron las iniciativas que marcaron una

cierta reactivación de la sociedad civil.

Aunque el Presidente Fernández afirmó que declinaba a su derecho de buscar la

reelección presidencial, argumentando que la nueva constitución no se lo prohibía, la

realidad fue que un clamor de la sociedad civil en defensa de la institucionalidad

democrática se lo impidió. El intento que pretendía desconocer la prohibición

constitucional recibió el rechazo de amplios y significativos sectores de la sociedad.

Junto a esta victoria, también hay que destacar la lucha permanente, durante todo

el año, de la Coalición por una Educación Digna, por el cumplimiento de la ley que

especializa el 4% del PIB para la educación. Aunque el gobierno mantuvo el criterio de

violar la ley, se vio al Presidente de la República, en múltiples ocasiones, tratando de

justificar por qué no hay que invertir más del 2% en educación, cuando lo que le

correspondía era explicar por qué no lo hacía. Aunque no se logró el 4% en el

presupuesto, la sociedad civil se mantuvo a la ofensiva en esta trascendental materia.

La selección de los jueces que integrarían las llamadas “Altas Cortes” fue una

oportunidad también para que la sociedad civil hiciera hacer sentir su presencia a través

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de la Coalición por una Justicia Independiente que desplegó una amplia labor

demandando un procedimiento transparente para la selección de los integrantes de estos

importantes tribunales.

En este año se conformaron numerosos grupos de la sociedad civil, integrados

por representativos de distintos sectores sociales, articulados para desarrollar

actividades de lucha contra la violencia en sentido general y contra los feminicidios de

forma particular. Manifestaciones en distintos lugares del país testimoniaron esta toma

de posición de la sociedad que incluyó numerosas iniciativas en rechazo a la corrupción

y en demanda de sanciones.

8.- Estabilidad económica con déficits y endeudamiento

El año 2011 transcurrió sin cambios notables para la economía dominicana: el

gobierno mantuvo lo que por un período relativamente largo han sido sus propósitos

macroeconómicos expresos, que son una tasa de cambio estable y un crecimiento del

producto.

En efecto, la tasa de cambio se encuentra casi al mismo nivel de diciembre del

2010, con un leve aumento de 3.2%, pese a que la inflación llegó a ubicarse por encima

del 10% en algunos meses, aunque a noviembre se había reducido a un 8.6%

anualizado. De todas maneras, esa discrepancia tan marcada entre la inflación y el tipo

de cambio, mantenida por tanto tiempo, ha devenido en un atractivo muy grande para

comprar en el exterior en detrimento del mercado nacional, generando persistentes

quejas de los productores de bienes agrícolas e industriales, así como de empresarios

exportadores y del sector turismo. Aún así, se ha mantenido el crecimiento moderado

del PIB. En los primeros nueve meses, según el Banco Central, dicho incremento fue

de 4.2%.

Los datos de crecimiento e inflación, se pueden considerar relativamente

satisfactorios a juzgar por lo que está pasando en el resto del mundo. En efecto, los

principales países desarrollados -EUA, Europa y Japón- se encuentran sumidos en una

larga crisis, y muchos de ellos ni siquiera han registrado crecimiento.

Para contrarrestar la inflación y particularmente, las crecientes importaciones, el

Banco Central ha estado aplicando una política monetaria muy restrictiva. La emisión

monetaria apenas aumentó 6.6% (datos anualizados a noviembre), el medio circulante

no aumentó y los préstamos bancarios subieron, pero en 7.1%, muy por debajo de lo

que se estima de incremento en el PIB nominal. Las tasas de interés subieron a

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principios del 2011, y permanecieron bastante altas respecto al año anterior. A ello

contribuyó también la traslación hacia los prestatarios del nuevo impuesto a los activos

bancarios. A pesar de esa política restrictiva, las importaciones siguieron aumentando, a

un ritmo de 17% hasta septiembre, a lo cual contribuyeron los altos precios de los

combustibles y las crecientes importaciones de bienes de consumo.

Por otro lado, en el 2011 las exportaciones experimentaron un incremento

considerable, atribuible tanto al reinicio de las operaciones de la Falconbridge como a la

reactivación de algunas empresas de zonas francas y la creciente importancia del

mercado haitiano.

No obstante, todavía las ventas al exterior no alcanzan ni la mitad de las compras

y, como efecto de ello, el país registra un déficit comercial que ronda los nueve mil

millones de dólares, y se estima que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de

pagos terminará en un nivel cercano al 10% del PIB. Ante esta situación, el país se ha

convertido en altamente dependiente de la entrada de capitales foráneos, a través de

endeudamiento público y privado, capitales especulativos e inversiones directas en

minería y actividad inmobiliaria.

Nueva vez los ingresos tributarios se quedan bastante por debajo de lo que había

sido presupuestado, a pesar de que el Gobierno hizo aprobar, a mediados de año, una

nueva reforma impositiva. Con datos hasta octubre, las recaudaciones han aumentado

en un 8%, y es casi seguro que terminarán el año con menos de 10%, muy inferior a lo

que se había presupuestado, que era un incremento de 15%. Si se tiene en cuenta que ya

el déficit presupuestario del 2011 ha estado muy por encima de lo establecido en el

acuerdo con el FMI, la sobreestimación de ingresos, que se advierte en el presupuesto

publico aprobado para el año 2012, avisa de un déficit mucho mayor en los próximos

doce meses, lo que hace poco probable que se cumpla y se retome el acuerdo Stand-By

con el Fondo, el cual ha estado bajo suspenso la mayor parte del año que termina. Como

se conoce, una de las dificultades más grandes para ajustar la economía a los

requerimientos del FMI se deriva de la incapacidad de las autoridades para resolver el

permanente y costoso déficit del sector eléctrico.

Hasta ahora, el Gobierno ha estado cubriendo los faltantes fiscales con

incrementos de la deuda pública, tanto con organismos internacionales como con bancos

nacionales y extranjeros y por medio de la colocación de bonos en pesos y en dólares.

Otra modalidad es la colocación de certificados del Banco Central, con lo cual la deuda

pública total se ha colocado por el entorno del 40% del PIB, lo cual se considera muy

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alto para los parámetros de un país subdesarrollado. Basta señalar que en la República

Dominicana el servicio de la deuda viene absorbiendo una proporción superior al 40%

de los ingresos tributarios, reduciendo fondos para las necesidades más perentorias de

la población.

Cabe apuntar que a pesar de la lucha de amplios sectores populares por un

mayor presupuesto para el área educativa, el año termina con apenas un 2.5% del

producto para tal función, y en el presupuesto para el año 2012 se consignó menos de un

3%.

Finalmente, es preciso destacar que además de la baja atención pública de los

sectores sociales, la población se ve afectada por los altos niveles de desempleo, salarios

reales decrecientes y más de la mitad de la población ocupada se gana la vida en

precarias condiciones en el sector informal.

CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

Martes, 27 de diciembre de 2011