PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO
	PROGRAMA DE GOBIERNO 2012-2016

a) Breve diagnóstico.

El informe de 2007 del Fondo de Población de las Naciones Unidas, señala que el 68% de la población total de la República Dominicana, reside en las ciudades o centros urbanos, aunque este porcentaje podría ser mayor, si se incluye la población de los núcleos cabeceras de los 228 distritos municipales, lo que demuestra la urbanización acelerada del país.

Ese informe señala que la urbanización debe considerarse un elemento positivo para el progreso, no una retranca para el mismo, pero, ¿qué hacer cuando ese proceso surge como crecimiento desordenado de las ciudades, con cientos de anillos de miseria?

El gobierno actual no dispone de la voluntad política ni de la decisión, para impulsar las políticas y los planes a fin de enfrentar el proceso de urbanización descapitalizada, de urbanización de la pobreza, donde la gente es víctima del desorden y del olvido en lugar de disfrutar de sus derechos de ciudadanía.

Otro informe sobre el estado de situación de las ciudades del mundo, presentado en Río de Janeiro, en marzo 2010, por el Programa de Asentamientos Urbanos (Hábitat) de Naciones Unidas, señala: “Para 2050 se espera que el 70% de la población mundial sea urbana y sólo el 14% de los habitantes de los países desarrollados viva en el campo”.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2008, PNUD, señala que “Santo Domingo es una ciudad producto de inversiones en infraestructuras del Estado, del mercado, de la especulación inmobiliaria y con ausencia absoluta de planificación”.

Es evidente que nuestras ciudades crecen sin control, devorando en su expansión las riquezas medioambientales que les rodean, al tiempo que constituyen focos de insalubridad y contaminación permanente para las personas, lo que reclama la impostergable intervención oficial a través de la planificación urbana y la ejecución de los planes y programas orientados al rescate de las poblaciones arrabalizadas.

Si este problema es difícil de enfrentar para la ciudad capital, las ciudades del interior tienen pocas esperanzas de ordenar sus espacios a menos que el Estado intervenga con firmeza. Las ciudades del interior carecen casi en lo absoluto de servicios básicos, y pocas fuentes de empleos.

A continuación algunos problemas fundamentales:

• Falta de planificación territorial, en las ejecutorias gubernamentales.

• Ausencia de estudios y clasificación de los suelos, basada en aspectos de fertilidad, acceso, posición geográfica, cohesión e identidad social, ecología y cultura.

• Falta del número adecuado de centros regionales, en realidad solo existen dos centros regionales de carácter nacional, la zona metropolitana de Santo Domingo, y el centro regional del Cibao, en Santiago de los Caballeros. Los dos sub centros regionales de carácter turístico, en el norte y el este, no ejercen el rol de tales, por estar aislados de las ciudades dado el carácter de enclaves como fueron concebidos.

• Se preserva, como modelo casi feudal, el control nacional único y centralizado, hegemónico y presidencialista, como herencia de la tiranía. El ajusticiamiento de Trujillo, liberó la movilidad de los ciudadanos, pero los gobiernos que le sucedieron concentraron la construcción de obras y servicios en la zona metropolitana de Santo Domingo y Santiago, causando un crecimiento exponencial acompañado de gran arrabalización.

• Ausencia de planes de modernización, equipamientos e infraestructuras adecuados al lugar, que dinamicen la vida de los ciudadanos en cada región.

• Imposibilidad de competir Para ilustrar señalemos que el Informe sobre Desarrollo Humano 2008, publicado por el PNUD señala que “Santo Domingo es una ciudad producto de inversiones en infraestructuras del Estado, del mercado, de la especulación inmobiliaria y con ausencia absoluta de planificación”. de las regiones por mejores oportunidades de vida para sus habitantes.

b) Metas del periodo.

El territorio o suelo físico, es el principal recurso de un país, y su ordenamiento, planificación y racionalización, constituyen una de las tareas fundamentales del Estado, a fin de garantizar un desarrollo sostenible y con equidad para todos.

Nuestro gobierno trabajará en la preparación del plan de ordenamiento territorial que requiere el país con el propósito de generar propuestas sustentables. Se requiere conocer como elementos básicos, la extensión de su suelo, los centros poblados, su ubicación y localización, interrelaciones entre las localidades, para diseñar los planes maestros de habitabilidad, y las intervenciones o métodos administrativos más convenientes.

En otro orden, se realizarán los estudios pertinentes para monitorear su división política, las dimensiones físico-territoriales, y los aspectos económicos, sociales, culturales y geográficos.

Se pondrá en vigencia el marco legal coherente mediante la Ley de Ordenamiento Territorial, para brindar el cuido especial que demanda el territorio, para aprovechar susventajas de localización, las potencialidades de sus recursos naturales y sus condiciones de habitabilidad.

A estos fines se conducirán las siguientes tareas:

• Se definirán la geografía física del país (su tamaño, sus límites, colindancias, etc.), regiones, provincias y municipios.

• Se realizarán estudios comparativos entre la población del país y la de Haití, su distribución geográfica, en los distintos niveles de división política, las relaciones de interés común, a fin de mejorar los indicadores de desarrollo humano;

• Se determinaran las potencialidades del recurso tierra conforme sus vocaciones: agrícola, forestal, turística, industrial, minera, de preservación o conservación, etc.;

• El ordenamiento territorial planteará la definición clara y precisa del límite físico y político entre ambas naciones, y de las zonas de influencias a ambas márgenes de la línea diviso-territorial o línea fronteriza (383 Km de longitud), como las interacciones entre las dos naciones: visión de seguridad nacional y potencial de negocios y desarrollo.

• Se elaboraran los ‘Planes de Desarrollo Regionales (las 10 Regiones de planificación y de administración, aprobadas por el gobierno del Presidente Mejía, en el cuatrienio 2000-2004);

• Se pondrán en marcha los ‘Consejos Regionales de Desarrollo’, que involucre a todos los municipios, los distritos municipales, en las diez regiones establecidas.

• Se elaboraran los ‘Planes de Desarrollo Municipales’ que faltaren, ordenando, planificando y delimitando las zonas urbanas y las zonas rurales, el catastro municipal y la delimitación al crecimiento físico de las zonas urbanas, regulando a su vez la creación de nuevos municipios y distritos municipales;

• Para las zonas con vocación al desarrollo turístico, el Ministerio de Turismo (MINTUR), deberá diseñar los usos de suelo para los Planes Sectoriales, ya que las zonas turísticas deberán identificarse, clasificarse, delimitarse y diseñarse dentro de las regulaciones del Ministerio;

• Lo mismo se hará con las zonas de explotación minera, industriales, zonas francas, áreas costeras, y otras, en esta última, se tomarán en cuenta los cambios climáticos y el aumento de los niveles de las aguas oceánicas o marinas, la protección de manglares y barreras coralinas, la protección de la flora y la fauna en las zonas.

• Se prepararán los programas de intervenciones de las zonas vulnerables, como ciénagas, laderas de montañas, cañadas, hacinamientos barriales, zonas inundables, y otras, a fin de evitar los desastres humanos recurrentes, donde el Estado es

responsable de las reubicaciones y desarrollos correspondientes.

c) Políticas sobre el ordenamiento territorial.

EL ordenamiento del territorio es el primer paso para hacer crecer y prosperar una nación, y el nuestro no está exento de ello; por tanto, se aplicarán políticas atinentes a la gestión territorial.

Se pondrá en marcha un amplio plan de educación e integración de entidades responsables de las subdivisiones político-administrativos de la sociedad, con el propósito de crear acogida y aceptación a los principios que rigen las políticas sectoriales en las naciones.

Uno de los desafíos principales, cuando se pretende hacer un ordenamiento, es superar la deficiencia en el marco legal y normativo que rigen esta materia, y en la definición de políticas claras y aplicables: traspaso de competencias entre organismos; competencias asumidas sin un soporte legal; duplicidad de esfuerzos y costos; desconocimiento de las mismas leyes, etc.

El problema del ordenamiento se acometerá con decisión y voluntad política, única forma de romper las oposiciones al mismo, en ese sentido de partirán de las universidades, municipalidades y agencias oficiales involucradas en el tema.

Se recopilarán todos los estudios realizados hasta la fecha, para crear un banco de estudios disponibles en forma digital, y colocados en la Internet, para su divulgación, a saber:

•Estudios de zonificación: estudios de suelos y cuencas hidrográficas: SEA, 1970-1990, y 2003, AID, BID, bandes de Venezuela, y Fondos Nacionales (diferentes);

•Ordenamiento Forestal: DGF, 1984, Proyecto Marena-AID;

•Ordenamiento de los Recursos Hídricos: INDRHI, 1994, OEA;

•Propuesta sobre Lineamientos Generales: Secretaría de Estado de Turismo, BID 1985;

•Propuesta Metodológica de Planes de Acción Territorial, y para Prevención de Desastre: STP 2001, BID;

•Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Urbano: CONAU, 2002;

•Propuesta sobre Áreas Protegidas: SEMARN, 2003;

•Lineamientos Generales de Ordenamiento Minero: Dirección General de Minería 2002-2004;

•Formación Comisión Ordenamiento Territorial: Ley 64-00, SEMARN/STP,2002-2004;

•Ordenamiento Territorial como parte del Plan Estratégico de Santiago: Asociación para el Desarrollo de Santiago, 2003;

•Leyes N°s 675, del 1944, 5220, del 1959, y la 6232, del 1963, base de la división territorial y de la planificación municipal, a partir de las OMPU.

Por tanto, se dará cumplimiento al mandato del artículo 30 de dicha Ley 64-00, que declara ¨de alto interés nacional¨ el ordenamiento del territorio y las acciones necesarias hasta su plena puesta en vigor, puesto que han pasado diez años de la promulgación de la Ley y todavía no se cumplen las metas.

Se dará continuidad hasta llevar a plena ejecución el mandato del Decreto N° 685-00, del presidente Hipólito Mejía, sobre los planes de desarrollo regionales que el país demanda desde hace mucho tiempo. Mediante dicho Decreto, se aprueba el reglamento y regionalización para el Sistema Nacional de Planificación, Economía Social y Administrativa; este Decreto adoptó la regionalización como instrumento de coordinación, programación, ejecución y seguimiento del Gobierno nacional, correspondiente a los Planes de Desarrollo Regional.

Se pondrá en vigencia el Decreto NO.710-04, del 30 de julio de 2004, de Hipólito Mejía, creando con el mismo tres (3) macro-regiones y diez (10) regiones de desarrollo, para los fines de planificación económico-social, la protección de los recursos naturales, la administración desconcentrada del gobierno central, y la articulación de la gestión de este con los gobiernos municipales.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,MEPID, rector de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial o DGODT (antigua CONAU), oficina gubernamental responsable del ordenamiento y la formulación de políticas públicas de desarrollo sostenible en el territorio nacional, como expresión espacial de la política económica, social, ambiental y cultural de toda la sociedad dominicana; responsable del diseño, formulación, implementación, gestión y evaluación de la ordenación y ordenamiento urbano, rural y calificación de usos de suelo.

Asimismo se aplicará la Ley Nº 176-07 de Organización Municipal, que rige el municipio del Distrito Nacional, y los municipios, que tiene por objeto normar la organización, las funciones y los recursos de las alcaldía (otrora ayuntamientos), de los municipios y del D.N., y a su vez, promover el desarrollo y la integración del territorio, garantizando el mejoramiento sociocultural de sus habitantes, y la participación efectiva de las comunidades, en lo concerniente al manejo de los asuntos públicos locales, todo ello con fines de obtener, como resultado fundamental, mejorar las condiciones ciudadanas de los dominicanos; preservar el medio ambiente; los patrimonios históricos y culturales; así como la protección de los espacios de dominio público.

Está también la Ley No. 170-07, a través de la cual se instituye el Sistema de Presupuesto

Participativo Municipal (PPM), que tiene por objeto establecer los mecanismos de participación y colaboración ciudadana, en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente, en lo concerniente al 40% de las transferencias que éstos reciben del Presupuesto Nacional, en virtud de la Ley Nº 163-03, emitida el 6 de octubre del 2003, y que deben destinarse a los pagos de capital y de inversión, así como de los ingresos propios, aplicables a este concepto.

La Ley Municipal N° 176-07, se enmarca en el pleno respeto a los siguientes conceptos y principios: descentralización; coordinación; eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos; en la subsidiaridad; en la concurrencia, coordinación y eficiencia en la asignación presupuestaria; en la eficacia, en el cumplimiento de los objetivos establecidos; en la equidad de género, y en la transparencia; pero sobre todo, en la equidad social y en la concertación y participación activa de los munícipes.